Con autorización de la
Junta de Jueces de Arequipa, Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa, Dr. Benito Paredes Bedregal, envió informe sobre actuación del fiscal
Santiago Irigoyen, para que sea investigada por la Oficina de Control Interno
del Ministerio Público.
Por Oscar Alanya A.
Al despacho del Presidente
de la Junta de Fiscales de Arequipa, Dr. Jesús Fernández Alarcón, llegaron dos
informes: uno del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr.
Benito Paredes Bedregal, y otro del Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma), Dr.
Nimer Marroquín Mogrovejo.
Ambos documentos
tienen un mismo tamiz. Detallan la errática actuación que habría tenido semanas
atrás el coordinador de las Fiscalías Corporativas de Arequipa, Dr. Santiago
Irigoyen Díaz, quien abrió una investigación contra la jueza María Concha
Garibay y quejarla ante la Odecma por inconducta funcional, desconociendo una
sentencia judicial.
Error que para la
Junta de Jueces Ampliada del Distrito Judicial de Arequipa es una clara
transgresión al Estado Constitucional de Derecho al intentar desconocer una sentencia
ratificada en todos los niveles jurisdiccionales, tal como habría hecho el
Fiscal Superior con su actitud de quejar a la magistrada civil.
Situación ante la
cual los jueces del Distrito Judicial de Arequipa solicitaron al presidente de
la corte que envíe la queja presentada por el Dr. Irigoyen Díaz con oficio nro.
538–2012–ODECMA–CSJAR/PJ contra su colega y los otros actuados al Ministerio
Público, con el objeto de que se investigue su actitud y sea sancionado por la
presunta inconducta que cometió.
¿ERROR INVOLUNTARIO?
La falta que habría
cometido el Fiscal Superior está referida a la solicitud de abrir investigación
que este recibió de los abogados de la institución educativa Anglo Americana
Prescott, por el presunto delito de abuso de autoridad, en el que habría
incurrido la jueza del Cuarto Juzgado Civil, María Concha Garibay.
La magistrada, de
acuerdo a sus atribuciones, el 13 de abril llegó al plantel para cumplir con la
sentencia en segunda instancia de un proceso que duró dos años, resolución que ordenaba
que la hija de Antonio D. L., expulsada en 2010 aparentemente sin justificación,
sea reintegrada al colegio.
Para cumplir la
medida, la jueza con una orden de descerraje, hizo abrir por la fuerza la
puerta del plantel, para que la niña separada por haber cometido presuntamente
una falta grave en la clase de ciencias, ingrese y retome sus estudios. Según
se supo, la menor fue separada luego de agredir a otra compañera.
Al oír el relato, el
Dr. Irigoyen aceptó la denuncia sin tomar en cuenta que este era un hecho ya
juzgado y se trasladó a la sede de la Odecma del Poder Judicial, formalizando
una denuncia con la jueza, un acto que resultaría irregular tomando en cuenta
que simplemente la magistrada cumplió con sus funciones al hacer cumplir la
sentencia.
La actuación del
fiscal superior generó el malestar inmediato de todos los jueces de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, sobre todo cuando empezó a rumorearse la
forma arbitraria en que habría procedido. A decir de algunos trabajadores del
órgano, ingresó de manera prepotente a las instalaciones de la oficina de
control interno y, lanzando amenazas contra la jueza civil y quien se interpusiera
en su camino, exigía que su queja sea aceptada.
La queja contra la
jueza Concha Garibay por el presunto abuso que habría cometido, según nos confirmó
personal asistente del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa,
fue desestimada por no tener ningún tipo de sustento.
VISTAPREVIA intentó
conversar días atrás con el Dr. Irigoyen Díaz para conocer su versión de los
hechos, pero este -por intermedio de su personal asistente- informó que debido
a que estaba punto de salir no podía atendernos.
HORA DE INVESTIGAR
Sea cual fuera la
verdad de los acontecimientos, los informes remitidos por los representantes
del Poder Judicial habrían sido derivados a la Oficina de Control Interno del
Ministerio Público, para que en este órgano determinen si la actuación del Dr.
Irigoyen Díaz fue la adecuada.
Según un
pronunciamiento de la Junta de Jueces del Distrito Judicial de Arequipa, que
fue firmada por todos sus miembros, aquel fiscal habría quebrantado el sentido
del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que a la letra dice: “Toda persona y
autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales
o de índole administrativo emanadas por la autoridad judicial competente, en
sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos,
restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad
civil, penal o administrativa que la ley señale”.
Ahora los miembros
de Control Interno de la Fiscalía deberán determinar si Irigoyen cometió alguna
falta con su actitud y, de ser el caso, determinar qué tipo de sanción deberá
recaer sobre él.
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