¿Estafa en el remate de vehículos?

Por Yvone Leiva Roca

El pasado lunes 16, el Concejo Provincial de Arequipa ejecutó el primer remate por subasta pública de 166 unidades, que acumularon una deuda de tres millones de nuevos soles en agravio de la Municipalidad; sin embargo, durante las dos jornadas realizadas en la mañana y tarde en los depósitos vehiculares de Porongoche y Siglo XX, se suscitaron reclamos de postores que señalaban que los autos se encontraban desmantelados.

El primero en declarar fue el gerente de Transportes, Marcos Hinojosa, quien precisó que las unidades se ofertaban según el estado en que se hallaban.

De igual forma, Dangelo Eduardo Zúñiga Herrera, asesor legal de la Gerencia De Transportes del Concejo Provincial, recordó que si bien las deudas acumuladas por los propietarios de las unidades superaban los tres millones de nuevos soles, en el remate no se pretendió recuperar la cifra, sino desocupar los depósitos vehiculares que albergaban autos desde 1990.

En esta ocasión, entraron en subasta 166 unidades, siendo un camión, un ómnibus, dos camionetas rurales, quince camionetas pick up, cuatro camionetas Station Wagon, treinta y ocho autos Sedan, sesenta y seis motocicletas, treinta y seis bicicletas y tres triciclos.

Recordó que entre las deudas más representativas se encontraba el ómnibus marca Asia, placa UH 3549, de propiedad de Marcela Flores de Mayta, que fue internado el 29 de marzo de 1996, acumulando una deuda por depósito al 31 de mayo de 2012 de 59,116.20 nuevos soles; siendo subastado con el precio base de 1,134.48 nuevos soles. Asimismo, el camión Chevrolet WH 5234 de 1950 de propiedad de Juan Palle Condori tenía una deuda acumulada desde el 1 de mayo de 1996 al 31 de mayo de este año por 58,786.20 nuevos soles, siendo tasado para el remate con el precio base de 1,447.04 nuevos soles.

Otro caso fue el vehículo Station Wagon sin placa de rodaje y sin propietario, que se hallaba internado en el depósito municipal de Siglo XX desde el 2 de enero de 1990, alcanzando una deuda de 57,275.20 nuevos soles, siendo subastado desde 768.38 nuevos soles.  Además, la camioneta Pick Up Datsun 1981 placa PH 5937 de propiedad de José Valdivia Paredes fue internada el 29 de junio de 1992, adeudando a la Municipalidad 50,968 nuevos soles al 31 de mayo de 2012, siendo tasado en 839.76 nuevos soles para el remate público.

Entre los casos singulares también se hallaron las 36 bicicletas que fueron internadas en 1995, acumulando una deuda de 18,285.20 nuevos soles, cada una; empero se subastaron por 72 nuevos soles con un peso aproximado de 120 kilos -precio de chatarra a 0.60 céntimos por kilo, conforme al artículo V.E. 25 capítulo E Título V del Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú- aclarándose que este lote de unidades se encontraba en pésimas condiciones, siendo dañadas por el paso del tiempo, el sol y las lluvias.

DESMIENTEN ACUSACIONES

Bajo dichos criterios, Zúñiga Herrera desmintió que se pudiera hablar de estafa porque amparados en la Resolución Gerencial 675-2012 del 5 de julio de 2012, se aprobaron las bases para el remate por subasta pública de vehículos que hayan permanecido en el depósito municipal por más de 24 meses, permitiéndose además a los postores visitar las instalaciones de las sedes de Porongoche y Siglo XX para la apreciación de los vehículos, previa a la venta pública.

Aclaró que se ofertaron las bases a diez nuevos soles a 721 personas, llegándose a recaudar 7,210 nuevos soles, recalcando que estos fondos no fueron abonados a la Gerencia de Transportes, sino al Área de Recaudación.

Aseveró que en octubre del año pasado, el Concejo Municipal mediante resoluciones en el diario oficial notificó a los propietarios de las unidades para la regularización de las deudas, a fin de evitar que sus vehículos fueran rematados; sin embargo, no se logró contacto alguno.

SIN PLACAS

El funcionario manifestó que en diversos medios radiales escuchó denuncias que señalaban que se escondieron unidades para el remate y que algunos trabajadores podrían aprovechar la subasta para sus propios fines; empero, aclaró que la comuna contrató peritos que se encargaron durante ocho días de clasificar y valorar las unidades, conforme a sus características.

De allí, se informó a los interesados que de las unidades ofertadas, se hallaban 59 unidades entre vehículos y motocicletas que carecían de placa de rodaje, cuya inscripción en Registros Públicos sería casi inaccesible y que la adquisición de las unidades sería bajo la responsabilidad de los postores.

DESTINO DE LOS FONDOS

Zúñiga Herrera recalcó que, conforme la Resolución Gerencial N°674-2012-MPA/GTUCV que declara la existencia de 166 unidades vehiculares que cumplen con el supuesto de hecho establecido por la ordenanza municipal N°746  del 19 de mayo del 2012, para el remate de las unidades se aprobó la contratación de peritos que valorizaron todo el lote vehicular en 120,856.90 soles.

Sin embargo, superando los pronósticos, el pasado 16 se recaudó 124,153.70 nuevos soles por noventa vehículos, quedándose en los depósitos 76 unidades que esperarán su subasta en un segundo proceso a llevarse a cabo dentro de dos meses.

Enfatizó que tanto los pagos por las bases como los aportes recogidos en la subasta fueron recogidos por la Sub Gerencia de Control y Recaudación, recursos que podrán ser utilizados por el Concejo Provincial para los fines que se consideren convenientes.

 NUEVOS INGRESOS

El precedente que ha sentado el primer remate público ha permitido aminorar la cifra de ingresos de vehículos a los depósitos municipales de Porongoche y Siglo XX; según Henry Arista, de la Sub Gerencia de Educación y Circulación Vial, desde marzo de este año, cumpliendo la ordenanza 692-2012 de zonas rígidas, se ha dispuesto el traslado de hasta treinta unidades infractoras por día.

Al verse amenazados por las multas del 8% de una Unidad Impositiva Tributaria (290 nuevos soles), el pago de grúa (120 nuevos soles) y el pago del depósito municipal entre tres y ocho nuevos soles diarios, es que los ciudadanos prefieren cancelar la infracción en menos de 24 horas, a fin de recuperar sus vehículos y de evitar que a futuro acumulen deudas que impidan recuperarlos y que, por ende, tengan que ser rematados por subasta pública.