Guillén ¿avalaba un desastre ambiental?

Cementos Otorongo, sueño o pesadilla de la nueva fábrica de cemento en Arequipa, avalada por el Gobierno Regional de Arequipa. 

Otorongo fue un proyecto de iniciativa privada de inversión que tuvo la pretensión de instalarse desde el 2007 en Arequipa y que contaba –o cuenta aún– con el incentivo del Gobierno regional. Dicho proyecto no prosperó por una secuencia de observaciones en la etapa de preparación del proyecto, que fue desnudando, poco a poco, las verdaderas intenciones de empresarios y funcionarios gubernamentales, empeñados en dar “luz verde” al proyecto. Cementos Otorongo S.A.C. es una empresa promotora que opera en diferentes puntos del país, autora del proyecto para la instalación de una fábrica de clinker y cemento en el departamento de Arequipa, con la intención de producir 1 mil 500 toneladas diarias de clinker y 650 mil toneladas anuales de cemento. ¿Dónde?, en los terrenos de San Camilo, en La Joya, donde inevitablemente se registrarían severos daños ambientales, similares a los de una explotación minera. 

El permiso para operar 50 años se viene abajo, cuando otros estudios revelaron que los denuncios mineros de Cementos Otorongo en La Joya sólo tendrían reservas para ser explotados por 10 años, cayéndose así la máscara de una empresa de prestigio que no hizo, sino, incumplir las normas más indispensables, extrañamente apoyadas por el Gobierno Regional de Arequipa.

Por Pilar Rivera Ramos

El nombre del proyecto Otorongo sale a luz, por primera vez, el 31 de octubre de 2007 por el presidente regional, Juan Manuel Guillen Benavides, quien, según sus propios cálculos entraría en operatividad en abril de 2008.

“Estamos anunciando una inversión efectiva, que resulta de gestiones, autorizaciones, licencias concedidas, que confirman que el proyecto está en marcha” y expresó inicialmente que dicho proyecto se ubicaría en el distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay.

Sin embargo, dichas declaraciones se vinieron abajo, pues recién el 6 de febrero de 2008 se admite como iniciativa privada para la adquisición del terreno donde se instalaría la fábrica (Resolución No.001-2008-GRA/PR-OPIP) y no en los 6 meses que indicara antes el presidente regional.

Al parecer, los anuncios de Guillén Benavides sirvieron para que una empresa transnacional se interesara en el proyecto y comprara a Cementos Otorongo, el proyecto de la fábrica, por la suma de 57 millones de nuevos soles.

La idea era comprar activos para la instalación de una fábrica de clinker (principal materia prima de la que se obtiene cemento) y como producto final el cemento, por lo que contaba con el amparo de la Ley No. 28059, a través de la cual se planteaba la adquisición de un terreno eriazo (activo) de propiedad del Estado.

VENDER HASTA LAS AGUAS SUBTERRANEAS

La extensión de terreno solicitado era de 310.542 hectáreas, con sus aguas subterráneas. El gobierno regional cobraría la suma de 283 millones 913 mil 554.22 nuevos soles por la venta de esa área en la zona de San Camilo. Otorongo, por su parte, garantizaba una inversión de 200 millones de dólares. 

De esta manera se dio inicio a la elaboración de expedientes técnicos para la habilitación de accesos a la fábrica y sus canteras, la compra de maquinaria y equipos, construcción de la planta y la instalación de máquinas, entre otros temas.

Se afirma que la jugosa cantidad naturalmente abrió los ojos de muchísimas personas, sobre todo de altos funcionarios del gobierno regional que justificaron la necesidad de fomentar las iniciativas privadas de inversión.

En efecto, el 13 de octubre de 2011, después de 4 años de elaboración del proyecto, finalmente se aprueba el documento y se lanza como noticia, que por fin el proyecto tiene luz verde; es decir, ¡va para adelante!

“El Consejo Regional de Arequipa aprobó la iniciativa privada de la cementera Otorongo, que pretendía ubicarse en las tierras arequipeñas en el sector de San Camilo sobre un área de 310 hectáreas”, revelaba por entonces un boletín informativo emitido por el Gobierno Regional de Arequipa. Después se entendería que, aparentemente, los ejecutivos de Otorongo y el Gobierno regional estarían “limpiándose la boca antes de comer”.

ANUNCIOS Y MÁS ANUNCIOS

Por entonces, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Yamila Osorio Delgado, expuso ante los medios de comunicación el dictamen de la comisión y dijo que los requisitos exigidos y demandados por la Ley “se habrían cumplido”.

Dejó entrever que pese a “toda oposición detectada en el proceso administrativo”, finalmente se debía admitir esta iniciativa en su primera etapa, la cual debía concluir con la aprobación de la OPIP (Organismo Promotor de la Inversión Privada).

Para la consejera, la aprobación por unanimidad del proyecto cementero no sólo permitiría disminuir los precios de la bolsa de cemento, porque generará competitividad, sino, también, porque daría nuevos puestos de trabajo e inyectaría dinamismo económico en todo este sector. Del tema de medio ambiente no se dijo absolutamente nada.

Por lo contrario, se insistió en que, según el dictamen la iniciativa de inversión privada el “Proyecto de instalación de una fábrica de Clinker – Cemento”, generaría en la etapa de construcción 300 puestos de trabajo directos y no menos de 200 indirectos y en la etapa de operación se darían 200 puestos de trabajo directos y más de 1000 puestos indirectos. Dentro del marco de sana competitividad se adelantó que el precio del cemento bajaría y, lo más importante, que generaría nuevas fuentes de trabajo, propuesta que conquistaría el pensamiento de la población arequipeña.

A su turno, el presidente regional Juan Manuel Guillén Benavides reveló plazos, fechas y montos del proyecto y se dijo que, a más tardar a mediados de 2012, Arequipa ya contaría con una nueva empresa cementera en la región.

MILLONARIA INVERSIÓN Y FUENTES DE TRABAJO

Nuevamente habló de los 200 millones de dólares, la promoción de empleo, pero del tema de impacto ambiental se dijo poco, aunque se aseguraba que el agua a utilizarse sería subterránea.

Para un gran sector de la población, este anuncio no era, sino, una estrategia para incentivar la promoción del proyecto, pues motivó –como señalamos antes– el interés de la empresa transnacional brasileña de nombre, “CIMPOR, Cementos Portugal”.

En efecto esta empresa se interesa en comprar el proyecto a Otorongo. De acuerdo a documentos de aquel entonces (2007), un boletín informativo de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España, anunciaba: “Cementos Otorongo posee las autorizaciones necesarias, garantizadas por el Gobierno Regional de Arequipa, para construir y poner en funcionamiento la nueva planta”.

Para técnicos y especialistas del entorno del presidente regional surgía la interrogante: ¿Por qué se hace creer a los compradores que era un proyecto con todas las autorizaciones si realmente no era así?

LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ

Sin embargo, pese a repetidos anuncios que ahora sí el proyecto se aprobaba, surge una verdad documentaria que revelaba lo dificultoso que era conseguir el visto bueno del proyecto, pues la Empresa de Cementos Otorongo S.A.C. no cumplía con una serie de requisitos indispensables, luego vendrían denuncias por supuestos actos de colusión ante el Ministerio Público, juicios por abuso de autoridad, difamación y una población –casi desinformada– que le dijo “no” al proyecto, conociendo recién la magnitud del problema medio ambiental del aire y el agua de la zona.

OBSERVACIONES

Según el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, Henry Ibáñez Barreda, en un informe que emite al Organismo Promotor de la Inversión Privada del Gobierno Regional, el proyecto de instalación presenta observaciones como:

-Omitió  el detalle de las razones de elección del proyecto propuesto.

-En la evaluación económica y financiera del proyecto no ha precisado la demanda estimada.

-En cuando a la capacidad financiera del solicitante (sustentado, documentalmente: balances, constancia de capacidad de endeudamiento por el monto del proyecto emitido por entidades financieras y otros documentos), no siendo suficiente la presentación de una declaración jurada que obraba en el expediente. 

Destaca que, dentro de la necesidad del recurso hídrico para la ejecución de la iniciativa privada, “es recomendable que el promotor asuma de manera expresa el riesgo de una presunta denegación de la licencia de agua”, mediante declaración jurada.

En cuanto al Organismo Promotor de la Inversión Privada se dijo que no se cumplió con presentar, evaluar, ni precisar una serie de resoluciones, detalles de garantías de las obligaciones contractuales del inversionista, factores de competencia de la oferta pública, entre otros.

Finalmente se dijo que no se había determinado si el proponente contaba, o no, con capacidad financiera y solvencia técnica para desarrollar proyectos de magnitud similar al propuesto.

Si existía, o no, afectación ambiental al paisaje de una zona declarada como área natural protegida al patrimonio cultural de la nación, si la propuesta era innovadora, si suponía la integración económica de distritos, si el proyecto era, o no, rentable social y económicamente, entre muchos otros pedidos más.

INTERVENCIÓN DE LA CONTRALORÍA

En febrero de 2011, el jefe de la oficina regional de Control de Arequipa, Milton Yoplack Arana, hoy destituido por el escándalo sobre supuestos actos de corrupción al interior de esta institución, en un documento oficial admite que el proyecto tenía “presuntas irregularidades relacionadas con la iniciativa privada de inversión en la modalidad de venta de activos para el proyecto “Instalación de la fábrica de cemento”.

El mismo Yoplack advierte que la empresa Cementos Otorongo presenta algunas omisiones e incumplimientos a los procedimientos establecidos; asimismo, resalta el incumplimiento de dar publicidad (publicar, no habían anuncios masivos, para que la población conozca lo que se pretendía hacer), declarada como iniciativa privada de inversión.

La Contraloría solicita expedir certificados de disponibilidad de recursos hídricos y una serie de acciones correctivas para deslindar responsabilidades y concluye “la ocurrencia de estos hechos y la extensión excesiva de plazo para el levantamiento de las observaciones formuladas por la Comisión de Desarrollo Económico del Consejo Regional del Gobierno Regional de Arequipa, “restan transparencia a los actos administrativos relaciones con la aprobación de la iniciativa privada de inversión presentada por al empresa Cementos Otorongo. Luego, la investigación quedaría inconclusa.

MINISTERIO PÚBLICO

Por su parte en marzo del presente año, el Ministerio Público solicita al presidente del Gobierno Regional de Arequipa que emita un informe documentado, donde explique cuál es el tipo de normatividad que se aplica en el proyecto, fecha en que se presentó el proyecto aludido de inversión privada y a qué se debe la demora en la tramitación de la misma.

Solicita también se explique en qué condición se encuentra la resolución 80005-20089 que aprobaba el proyecto y que declaraba de interés, además se debía precisar en que etapa se encuentra el mismo y qué personal era el encargado de realizar toda la documentación referente al proyecto.

El Ministerio Público considera la necesidad de conocer estos temas, pues servirían para resolver el caso que se seguía contra Luis Venero de la torre y otros por el presunto delito de abuso de autoridad en agravio de Santos Guillén Rojas.

CAMPAÑA MEDIÁTICA

Frente a este tema se ha dicho que aquí hay una campaña mediática de los ambientalistas, incluso se afirmó que se habría motivado a los pobladores a defender sus terrenos.

En tanto, de la otra parte, los colonos opinaban que el interés del gobierno regional, con Juan Manuel Guillén Benavides a la cabeza, era promover la inversión extranjera, favorecerse con la venta de los activos anunciando un proyecto que a todas luces no era correcto y que no habría justificación para la magnitud del daño ambiental.