lunes, 22 de octubre de 2012
¡Ahora les toca a los alcaldes!
Agotadas
las audiencias para los funcionarios de la Contraloría General de la República,
Oswaldo Yupanqui, Diana Sotelo y Javier Toribio, con el cumplimiento de sus
respectivas pruebas grafotécnicas, la Primera Fiscalía Penal iniciará el
llamado a los alcaldes distritales que están bajo sospecha de tener relación
con la abogada Helen Aizcorbe en el proceso de extorsión que investiga el
Ministerio Público.
Por
Pilar Rivera Ramos
Transparente
o corrupta, dos variables que tiene puesta la Contraloría General de la
República a raíz del descubierto tema de extorsión al alcalde de Vítor,
Christian Cuadros, que ha sacudido las bases de la entidad gubernamental tras
implicar en una supuesta red de corrupción al vice contralor Oswaldo Yupanqui.
A su
llegada a esta ciudad, Yupanqui mostró la voluntad de entregarse al proceso de
investigación que sigue la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Arequipa que
dirige la fiscal Silvia Pinto Rodríguez.
Precisamente
en su manifestación, Yupanqui autorizó el levantamiento del secreto de comunicaciones
y a su salida del Ministerio Público, tras cuatro horas de interrogación,
manifestó tajante y definitivo “no, no, y no. Yo no conozco a Helen Aizcorbe”.
Recordemos
que a Yupanqui se le involucró en la denuncia de extorsión en contra de
Christian Cuadros Treviño. Según los audios, Helen Aizcorbe señaló que estaba
en contacto permanente con Yupaqui para evitar la intervención de la
Contraloría en la municipalidad distrital previo pago de 45 mil dólares
americanos.
Según
Helen Aizcorbe, el dinero sería entregado en parte al vice contralor, pero su
respuesta fue determinante. “No escondo nada y estoy en disposición de venir a
prestar mi declaración cuantas veces sea necesario”.
Antes
el funcionario público asistió a la sede del Departamento de Investigación Criminal
(Depincri) para el reconocimiento de las firmas en los documentos que por
entonces poseía la abogada Helen Aizcorbe y cumplió con las pericias
grafotécnias para definir si su firma corresponde, o no, a las encontradas en
los documentos. Resultados que, según fuentes policiales, estarán listos para
la próxima semana.
Pese a esto, la prensa especializada
manifestó que la confianza de la ciudadanía hacia la Contraloría General de la
República ha venido de más a menos y que la credibilidad de altos funcionarios
también ha caído luego de conocerse este tema de extorsión que implicaba a
personal de esta institución.
Sin embargo, se supo que todo es
parte del proceso de investigación y que si bien existe voluntad de colaborar,
esto no lo excluye a Oswaldo Yupanqui de las indagaciones en las cuales se han
visto implicados, además, los funcionarios Diana Sotelo Trinidad y Javier
Toribio Reyes, trabajadores de Lima, que también asistieron a la sede de la
Depincri para cumplir con sus respectivas pruebas grafotécnicas.
En
cuanto al tema del levantamiento del secreto de comunicaciones, en los próximos
días la Fiscalía pedirá lo mismo para Helen Aizcorbe, Dyana Díaz, Elder
Llerena, Katty de la Torre y Marco Zúñiga. Además el ex contralor regional
Milton Yoplack.
PIDE
CARCEL
“Vine
a la Fiscalía a colaborar y lo seguiré haciendo las veces que me requieran. Presté
declaración a la fiscal sobre mi rol en la Contraloría. Le dije que mis funciones
no tienen que ver con el inicio de acciones de control. Entonces no tendría
fundamento la documentación”.
Yupanqui
declaró haber revisado los oficios que obran en poder de la Fiscalía y
que fueron decomisados a Aizcorbe, donde figura su firma autorizando –supuestamente–
la intervención de la Contraloría en Vítor. “No reconozco la firma. Esa no es
mi firma”, declaró.
Sostuvo
que estuvo en Arequipa en tres ocasiones, una de ellas fue hace dos años,
cuando se inauguró la oficina Macro Regional. Trayéndose abajo la versión
–según los audios– de que tenía previsto arribar a la ciudad el 14 de agosto a
las fiestas de Arequipa y donde supuestamente se arreglaría con Cuadros que iba
a pedirle una rebaja por los 45 mil dólares solicitados, además de salir en inspección
de obras con el alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes.
AHORA LE TOCA A LOS ALCALDES
Fuentes
de la Fiscalía indicaron que la fiscal Silvia Pinto realizará la programación
de nuevas diligencias que se deben evaluar en el caso. Una vez que se tengan
los informes de las pericias grafotécnicas, se determinará una posible segunda
citación.
En
tanto esto sucede, la fiscal llamará a los alcaldes de los distritos de Cerro
Colorado, Socabaya, Yarabamba, Santa Rita de Siguas, Majes y Uchumayo, cuya
documentación encontrada en los archivos del despacho de Aizcorbe los relaciona
directamente.
Recordemos
que Silvia Pinto solicitó 9 meses de investigación, durante los cuales pasarán,
uno a uno, los alcaldes implicados en supuestos pagos ilícitos a fin de evitar
la labor fiscalizadora.
CONTRALORÍA ABRE SUS PUERTAS
Por
otro lado y a raíz de estos hechos el vice contralor manifestó su interés por
modificar el sistema de atención a la ciudadanía de parte de la Contraloría
cuyo sistema –dijo– será de mayor diálogo con los solicitantes, abriendo nuevos
canales de comunicación para que la población se sienta escuchada y atendida en
todas sus quejas y denuncias. Lo que se busca es mejorar el sistema de atención
a los usuarios y vamos a cambiar el sistema vertical de atención por uno
horizontal, donde todos se sientan atendidos.
lunes, 15 de octubre de 2012
¡Qué tal ejemplo!
Jefe de Reniec debe más de S/. 60 mil por pensión alimenticia
Está inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Por Redacción Vistaprevia
¡Qué tal ejemplo! Bien dicen que los funcionarios públicos son los que deben dar el ejemplo y desempeñarse adecuadamente en el trabajo y en su casa, tratando de evitar ser el comentario de terceros por actos inadecuados que puedan desarrollar, convirtiéndose en el centro de atención de los medios de comunicación.
Sin embargo, pareciera que ello no practica el actual jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) de Arequipa, Dante Efraín Perea Rivarola, quien actualmente se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) por no pasar una pensión alimenticia a sus hijos, superando al momento su deuda los 67 mil nuevos soles.
MÁS DE 118 CUOTAS IMPAGAS
VISTAPREVIA pudo conocer que el jefe de Reniec, designado en el cargo en marzo del presente año, fue demandado por Lily Aurora Sánchez Hidalgo ante el Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el cual, tras cumplirse el proceso respectivo, determinó el pago de una pensión alimenticia de 800.00 nuevos soles mensuales, según consta en el expediente Nro. 1928-1999.
Sin embargo, desde esa fecha, Perea Rivarola no cumplió con el pago de la pensión indicada, acumulando al momento un total de 118 cuotas impagas, que hacen un total de S/. 67 mil 306.00 los que debe al momento, motivo por el cual fue inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, los que lo imposibilitaría de realizar algunas transacciones.
PESE A LIMITANTES, FUE DESIGNADO
Desde hace tres años tiene vigencia la ley que crea el Redam. Desde entonces, solo 91 infractores fueron inscritos y sus nombres enviados a la central de riesgos para limitar su accionar económico con el propósito de obligarlos a pagar el sustento para sus familias. El registro no es automático, debe ser tramitado ante un juzgado.
Es considerado deudor alimentario moroso quien, teniendo una sentencia consentida para el pago de una suma, acumula tres cuotas consecutivas o alternadas sin abonar, por lo cual el jefe del Reniec está inscrito desde su creación porque nunca mostró interés en pagar la respectiva pensión.
Este deudor alimentario moroso tiene una serie de limitaciones para actuar a nivel del Sistema Nacional de Registros Públicos, la Superintendencia de Banca y Seguros y otros vinculados a la central de riesgos bancarios y del comercio en general. Tampoco puede obtener un crédito ni realizar una compraventa y si realiza una transacción bancaria, esta es comunicada a la central de riesgos. Por lo que no nos explicamos, ¿cómo fue designado en el cargo?, ¿quien lo colocó allí sin tomar en consideración este tema?
PUEDE SER DENUNCIADO
Consultados algunos especialistas en el tema, señalaron que si la parte agraviada lo solicita puede ser denunciado el jefe de Reniec penalmente por el delito de omisión a la asistencia familiar, en vista que está desamparando a sus vástagos, poniendo en peligro su desarrollo físico y psicológico.
Sin embargo, más allá de una denuncia penal, los altos funcionarios del Reniec y del Partido Nacionalista deberían sancionarlo, pues para ocupar un cargo público debe contar con una conducta intachable.
Pusieron como ejemplo que en el caso de que un efectivo de la Policía Nacional estuviera inscrito en el Redam, este puede ser objeto de sanción por Inspectoría, lo que no le permitiría ascender en su carrera. Ocurriendo lo mismo con los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, a quienes por este motivo no se les ratifica en sus cargos en un proceso de evaluación.
COMISIÓN LO INVESTIGARÁ
VISTAPREVIA se comunicó telefónicamente con el congresista Justiniano Apaza Ordoñez, quien señaló que desde la Comisión de Fiscalización del Congreso se investigará el nombramiento de Perea Rivarola en la jefatura del Reniec de Arequipa.
“Yo desconozco su nombramiento, pero para ocupar un cargo público es importante tener una conducta intachable, aunque pareciera que este señor no lo tiene”, sentenció el parlamentario.
DATO
El nombre de Dante Efraín Perea Rivarola se hizo famoso cuando fue denunciado porque el crematorio que tiene en el distrito de Hunter funciona sin licencia del municipio del lugar ni de las autoridades de Salud.
martes, 9 de octubre de 2012
lunes, 24 de septiembre de 2012
La “contraloría general de la corrupción”, cuando las apariencias engañan
Christian Cuadros Treviño, alcalde de Vítor, ha logrado a través de su denuncia por extorsión, contra la abogada Helen Aizcorbe Gonzales, destapar la presunta red de corrupción política que se teje alrededor y dentro de la propia Contraloría General de la República. En esta enorme “tapadera” se ven envueltos muchos alcaldes de Arequipa, jefes de las Oficinas de Control Institucional y, por supuesto, altos funcionarios del máximo órgano de control y su cínica pantalla de anticorrupción.
Por Pilar Rivera Ramos
Una incansable lista de contactos telefónicos y documentarios será la fuente principal para conocer, con nombre y apellido, a todos los personajes políticos vinculados a operaciones ilícitas, entre los que se encuentran numerosos alcaldes y sus manifiestas ventajas para salir siempre limpios de toda intervención que ejerciera la Contraloría General de la República.
A raíz de la captura de la abogada Helen Aizcorbe Gonzales, quien fue detenida el lunes pasado tras haber cobrado presuntamente dos mil dólares producto de una extorsión al alcalde, se ha implicado a dos personas claves en este asunto. La primera, la funcionaria Dayana Díaz Cruz, actual secretaria de la Jefatura de Control Arequipa, quien ha sido separada temporalmente de sus funciones, con goce de haber.
Junto a ella figura el asesor legal, Elder Llerena Pancorbo. Ambos son considerados presuntos cómplices primario y secundario, respectivamente.
Pero estos tres nombres son apenas el inicio de la trama de corrupción, que posiblemente conduzca a la detención de otras personas más, siempre y cuando –como dice el propio alcalde de Vítor, Christian Cuadros-, “el Ministerio Público y Poder Judicial intervengan limpia e imparcialmente y recojan los fundamentos necesarios para abrir proceso penal a quienes infrinjan claramente la ley”.
LO QUE LA FISCALÍA DEBE TENER EN CUENTA
En setiembre de 2011, VISTAPREVIA informó el revelador caso de jefa de la OCI (Oficina de Control Institucional), de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Vilma Noemí Moscoso Zeballos, quien, mediante Resolución de Contraloría No.241-2011, tras 25 años de servicio fue “separada definitivamente del cargo de jefe del OCI”, por diferentes razones, entre ellas “un deficiente desempeño funcional”.
Vilma Moscoso Zeballos fue entrevistada por este medio y dijo en ese momento que desconocía el contenido de la resolución. En efecto, funcionarios de alto nivel de la Contraloría General de la República se encargaron de “correr” el documento oficial por todas las municipalidades, antes de informar oficialmente de este hecho a la persona implicada; es decir, a Vilma Moscoso. Finalmente la resolución le fue notificada 15 días después.
Esto no tendría nada de raro si no fuera porque Moscoso Zeballos, en su informe anual, encontró graves irregularidades en la gestión de Manuel Vera Paredes, alcalde de Cerro Colorado. Entre ellas el supuesto caso de peculado del subgerente de la Agencia Semi Rural Pachacútec, Víctor Paz Gómez, quien se habría cobrado los impuestos que pagaban los pobladores del lugar (predios y arbitrios).
El segundo tema del informe se refería a las supuestas irregularidades encontradas en la Policía Municipal de Cerro Colorado (cobros indebidos), además de observar la actuación funcional de la gerente de Presupuesto, Yovana Monge Coa.
En ese entonces, Moscoso Zeballos declaró “este fue mí error”, encontrar actos ilegales en la gestión del alcalde Manuel Enrique Vera Paredes y, luego, informarlas.
En ese momento la contadora procuró, por ética, no emitir mayores comentarios; sin embargo, quedó al descubierto y como precedente ante otros trabajadores de la OCI, que, a pesar de ser trabajadores de la Contraloría General de la República y percibir sueldo de la municipalidad, aparentemente, no podían ir en contra de los intereses de los alcaldes.
Hoy la mencionada funcionaria trabaja en el área de rentas de la comuna cerreña y prefiere no emitir comentario alguno por temor a las amenazas que fueron hechas sobre ella y su familia.
Se supo también que al igual que Vilma Moscoso, se separó a otro grupo de auditores (se retiró al jefe de OCI de la Beneficencia Pública de Arequipa); en tanto se mantuvo a jefes en Cayma y Mariano Melgar.
MODUS OPERANDI O MODUS TOLLENS
VISTAPREVIA conversó con diferentes funcionarios y trabajadores de las OCIs en Arequipa, cuyos nombres mantendremos en estricta reserva. Nuestro objetivo es ver cómo operaría supuestamente esta red de corrupción a nivel de las municipalidades.
Para este grupo de personas, la denuncia del alcalde más joven del Perú, Christian Cuadros, solo destapa una trama delictiva, que se comete dentro y fuera de la Contraloría General de la República.
En primer lugar, dijeron, los jefes de las OCIs, instalados en las municipalidades distritales son la pantalla necesaria para hacer creer que existe un órgano encargado de controlar los bienes y recursos del Estado; pero que en su mayoría estos se someten a los manejos de malos alcaldes.
Refirieron que normalmente se suele contratar los servicios de “asesores legales”, como fueron en este caso los letrados, Helen Aizcorbe y Elder Llerena, quienes luego se encargarían de conversar directamente con el burgomaestre.
En efecto, dijo la fuente, una llamada telefónica de las oficinas de la Contraloría, alerta a determinada municipalidad que “en los próximos días llegará personal de esta institución a su municipalidad” y da como nexos de comunicación a otras personas, en este caso Aizcorbe y Llerena.
Según se supo, estos asesores tienen la función de “limpiar” la documentación que comprometa a la institución pública, para luego, cuando llegue el personal de la Contraloría no encuentre absolutamente nada.
Los primeros en conocer y monitorear esta tarea son los alcaldes y/o funcionarios de alto nivel en las instituciones del Estado, “quizá por eso suelen decir ¡que venga la Contraloría!, yo mismo he solicitado que evalúe mi gestión”, con lo que la prensa, tanto como la opinión pública, tienden a creer en su transparencia.
¿CONTRALOR EN AREQUIPA DEBERIA SOMETER SU CARGO?
Durante esta semana buscamos entrevistar infructuosamente al jefe regional de control Arequipa de la Contraloría General de la República, Milton Yoplac Arana, para conocer su punto de vista ante las acusaciones de corrupción e investigación judicial que afecta a una de sus trabajadores con más de 20 años de servicio en la Contraloría, la secretaria de Control, Dayana Díaz Cruz y saber el ¿por qué del retiro de tantos funcionarios de la Contraloría?
En tanto, un sector de la opinión pública utilizaba los medios de comunicación para pedir la destitución del jefe regional Yoplac Arana, y solicitar que se haga una investigación especial a través de una comisión que tendría que venir de Lima “si es que la Contraloría quiere levantar su imagen”, dijeron.
EL NEGADO ROMANCE YUPANQUI-AIZCORBE
Según datos recogidos en la Fiscalía, Diana Cruz (trabajadora de la Oficina Regional), y presunta cómplice, habría utilizado un teléfono de la Contraloría para llamar al burgomaestre de Vítor, indicándole que inspectores del ente contralor intervendrían a la comuna y para ello debería coordinar con Helen Aizcorbe. Esta le dijo al alcalde que ha pedido del vice contralor general de la República, Oswaldo Yupanqui, entregue 45 mil dólares para evitar la acción de control.
En comunicación telefónica con el vice contralor de la República, Oswaldo Yupanqui Alvarado, a VISTAPREVIA negó tener una relación sentimental con la acusada Helen Aizcorbe, dijo no conocerla y aseguró no tener vínculo alguno con ella.
Sin embargo, el entorno amical de Helen Aizcorbe, confirmó que sí ha existido una relación sentimental entre ambas personas, y que todos sabían de este romance. En tanto, otros aún más seguros de sus comentarios, indicaron que al igual de Yupanqui Alvarado, a Helen Aizcorbe, también se le vinculó sentimentalmente con el ex asesor del gobierno de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.
ALCALDES SE ESTREMECEN DE MIEDO
Entre las personas vinculadas a estas operaciones ilegales estarían los alcaldes de Cerro Colorado, cuya municipalidad fue mencionada por Elder Llerena Pancorbo, como el lugar donde efectuó su última asesoría, además de que Cerro Colorado lideraría la lista de contactos en la agenda personal de la cuestionada Helen Aizcorbe.
Junto a esta comuna figuran las municipalidades de Cayma, Mariano Melgar, Miraflores, Hunter y Socabaya. En esta última se dice que la abogada Aizcorbe habría puesto varios conocidos a trabajar; mientras que en Yanahuara ofreció sus servicios profesionales en el 2010.
PROCESO SANCIONADOR
Para el Decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Cáceres Arce, el destape de estos supuestos actos de corrupción corresponde a un tema de valores y formación familiar “que desde luego son rechazados en el ámbito del Colegio de Abogados”.
Sostuvo que entre sus primeras acciones se ha pedido a la fiscal, Silvia Pinto, que siga actuando de oficio y que de comprobarse actos de corrupción se procederá, de acuerdo al cuadro de ética, a solicitar proceso sancionador contra estas personas (Helen Aizcorbe y Elder Llerena).
LOS HECHOS
Como sabemos el juez de investigación preparatoria, Jaime Moreno, concedió comparecencia restringida a los tres implicados en el presunto caso de extorsión en contra del alcalde de Vítor, Christian Cuadros Treviño, con el argumento de que tienen arraigo familiar y domiciliario, y porque el Ministerio Público no sustentó debidamente los cargos ya que los hechos no configurarían extorsión sino estafa o chantaje.
La fiscal a cargo, Silvia Rodríguez, relató que los hechos denunciados por el alcalde de Vítor, se iniciaron en julio pasado, con una serie de llamadas telefónicas y maniobras para presionar a la autoridad anunciando que la Contraloría entraría al municipio para “encontrar algo”, durante 107 días de intervención y a cargo de 9 auditores.
Para este efecto se presentaron como pruebas una serie de audios grabados de llamadas telefónicas sostenidas por el alcalde y los “presuntos extorsionadores” . Esto fue aprovechado por el abogado defensor de Aizcorbe, Gonzalo Bellido, quien dijo que estos audios no estaban transcritos, por lo cual, no se conocía su contenido y, por consiguiente se cambió el pedido de prisión preventiva por el de comparecencia.
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