Agotadas
las audiencias para los funcionarios de la Contraloría General de la República,
Oswaldo Yupanqui, Diana Sotelo y Javier Toribio, con el cumplimiento de sus
respectivas pruebas grafotécnicas, la Primera Fiscalía Penal iniciará el
llamado a los alcaldes distritales que están bajo sospecha de tener relación
con la abogada Helen Aizcorbe en el proceso de extorsión que investiga el
Ministerio Público.
Por
Pilar Rivera Ramos
Transparente
o corrupta, dos variables que tiene puesta la Contraloría General de la
República a raíz del descubierto tema de extorsión al alcalde de Vítor,
Christian Cuadros, que ha sacudido las bases de la entidad gubernamental tras
implicar en una supuesta red de corrupción al vice contralor Oswaldo Yupanqui.
A su
llegada a esta ciudad, Yupanqui mostró la voluntad de entregarse al proceso de
investigación que sigue la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Arequipa que
dirige la fiscal Silvia Pinto Rodríguez.
Precisamente
en su manifestación, Yupanqui autorizó el levantamiento del secreto de comunicaciones
y a su salida del Ministerio Público, tras cuatro horas de interrogación,
manifestó tajante y definitivo “no, no, y no. Yo no conozco a Helen Aizcorbe”.
Recordemos
que a Yupanqui se le involucró en la denuncia de extorsión en contra de
Christian Cuadros Treviño. Según los audios, Helen Aizcorbe señaló que estaba
en contacto permanente con Yupaqui para evitar la intervención de la
Contraloría en la municipalidad distrital previo pago de 45 mil dólares
americanos.
Según
Helen Aizcorbe, el dinero sería entregado en parte al vice contralor, pero su
respuesta fue determinante. “No escondo nada y estoy en disposición de venir a
prestar mi declaración cuantas veces sea necesario”.
Antes
el funcionario público asistió a la sede del Departamento de Investigación Criminal
(Depincri) para el reconocimiento de las firmas en los documentos que por
entonces poseía la abogada Helen Aizcorbe y cumplió con las pericias
grafotécnias para definir si su firma corresponde, o no, a las encontradas en
los documentos. Resultados que, según fuentes policiales, estarán listos para
la próxima semana.
Pese a esto, la prensa especializada
manifestó que la confianza de la ciudadanía hacia la Contraloría General de la
República ha venido de más a menos y que la credibilidad de altos funcionarios
también ha caído luego de conocerse este tema de extorsión que implicaba a
personal de esta institución.
Sin embargo, se supo que todo es
parte del proceso de investigación y que si bien existe voluntad de colaborar,
esto no lo excluye a Oswaldo Yupanqui de las indagaciones en las cuales se han
visto implicados, además, los funcionarios Diana Sotelo Trinidad y Javier
Toribio Reyes, trabajadores de Lima, que también asistieron a la sede de la
Depincri para cumplir con sus respectivas pruebas grafotécnicas.
En
cuanto al tema del levantamiento del secreto de comunicaciones, en los próximos
días la Fiscalía pedirá lo mismo para Helen Aizcorbe, Dyana Díaz, Elder
Llerena, Katty de la Torre y Marco Zúñiga. Además el ex contralor regional
Milton Yoplack.
PIDE
CARCEL
“Vine
a la Fiscalía a colaborar y lo seguiré haciendo las veces que me requieran. Presté
declaración a la fiscal sobre mi rol en la Contraloría. Le dije que mis funciones
no tienen que ver con el inicio de acciones de control. Entonces no tendría
fundamento la documentación”.
Yupanqui
declaró haber revisado los oficios que obran en poder de la Fiscalía y
que fueron decomisados a Aizcorbe, donde figura su firma autorizando –supuestamente–
la intervención de la Contraloría en Vítor. “No reconozco la firma. Esa no es
mi firma”, declaró.
Sostuvo
que estuvo en Arequipa en tres ocasiones, una de ellas fue hace dos años,
cuando se inauguró la oficina Macro Regional. Trayéndose abajo la versión
–según los audios– de que tenía previsto arribar a la ciudad el 14 de agosto a
las fiestas de Arequipa y donde supuestamente se arreglaría con Cuadros que iba
a pedirle una rebaja por los 45 mil dólares solicitados, además de salir en inspección
de obras con el alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes.
AHORA LE TOCA A LOS ALCALDES
Fuentes
de la Fiscalía indicaron que la fiscal Silvia Pinto realizará la programación
de nuevas diligencias que se deben evaluar en el caso. Una vez que se tengan
los informes de las pericias grafotécnicas, se determinará una posible segunda
citación.
En
tanto esto sucede, la fiscal llamará a los alcaldes de los distritos de Cerro
Colorado, Socabaya, Yarabamba, Santa Rita de Siguas, Majes y Uchumayo, cuya
documentación encontrada en los archivos del despacho de Aizcorbe los relaciona
directamente.
Recordemos
que Silvia Pinto solicitó 9 meses de investigación, durante los cuales pasarán,
uno a uno, los alcaldes implicados en supuestos pagos ilícitos a fin de evitar
la labor fiscalizadora.
CONTRALORÍA ABRE SUS PUERTAS
Por
otro lado y a raíz de estos hechos el vice contralor manifestó su interés por
modificar el sistema de atención a la ciudadanía de parte de la Contraloría
cuyo sistema –dijo– será de mayor diálogo con los solicitantes, abriendo nuevos
canales de comunicación para que la población se sienta escuchada y atendida en
todas sus quejas y denuncias. Lo que se busca es mejorar el sistema de atención
a los usuarios y vamos a cambiar el sistema vertical de atención por uno
horizontal, donde todos se sientan atendidos.
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