Semanario Vistaprevia - Arequipa
lunes, 4 de febrero de 2013
Semanario Vistaprevia Arequipa Nº 071
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Víctima o victimaria
El nombre de Felícitas Ruelas Huacasi ronda más que nunca en la cabeza
del alcalde de Characato, Ángel Linares Portilla. Primero, por la denuncia que
le interpusiera acusándolo de violación sexual, proceso por el cual el
burgomaestre ha perdido credibilidad política y por el contenido social que le
quieren dar a este tema, junto a su abogado defensor Juan de Dios Medina
Aparicio. Segundo, porque la trabajadora municipal tiene un registro judicial
antiguo, con varios procesos en contra, donde podrían mediar las iras y las
venganzas.
Por: Pilar Rivera Ramos
“Temo por mi vida”, es la frase con la que Felícitas Ruelas Huacasi,
trabajadora de la Municipalidad Distrital de Characato, expresó su miedo frente
al mal momento que dice estar pasando, tras conocerse la denuncia penal que le
interpuso al alcalde de esa jurisdicción, Ángel Linares Portilla, por el
presunto delito de violación sexual.
Ruelas Huacasi, de 40 años de edad y con 20 como trabajadora
municipal, manifestó que nunca fue de su interés que la denuncia –presentada
ante el Ministerio Público el pasado 12 de setiembre del 2012–, se conociera
públicamente.
Acusó que la noticia se infiltró entre los medios de comunicación,
provocando serio malestar en su entorno familiar, también en su medio laboral y
desmintió que detrás de esta acusación haya un interés personal de malograr la
imagen pública del alcalde y menos que existan intereses políticos de por
medio.
“Lo que hizo el alcalde conmigo no tiene justificación. Ahora vivo en
zozobra pues estoy recibiendo llamadas donde amenazan con matarme. Es la
situación más difícil que me ha tocado vivir, temo también por mi familia”,
sostuvo la trabajadora.
Reconoció que, aún cuando es hermana del ex candidato a la alcaldía de
Characato Simón Ruelas Huacasi (ocupó el segundo lugar en las elecciones
distritales del 2010), “no existe revancha política” y negó que tras de esta
acusación existan “intereses económicos con el burgomaestre”.
“Debo reconocer que también he recibido llamadas telefónicas ofreciéndome
hasta un carro si detengo mi denuncia; pero como mujer estoy en la obligación
moral de seguir con mi acusación, por todos los actos cometidos contra mi
persona”, opinó en una entrevista concedida a este medio.
En tanto, fuentes de la investigación afirmaban que no sólo su hermano
Simón Ruelas está vinculado a esta municipalidad. También su hermano Juan
Ruelas Huacasi fue nombrado como vicepresidente del “Frente amplio por el
desarrollo del distrito de Characato”. Juan es definido como uno de los
principales opositores a la gestión del alcalde de Characato.
Junto a ellos figura, también, Simón Ruelas, trabajador de la municipalidad
quien habría denunciado al alcalde por mal uso económico de los fondos del
Concejo.
“ACCEDÍ A LA CITA POR QUE
ME OFRECIÓ AYUDA”
Y, mientras que el escándalo de la noticia ya hizo su trabajo, la
trabajadora Felícitas Ruelas Huacasi, negó tajantemente que entre ella y el alcalde
Ángel Linares Portilla exista o haya existido una relación sentimental.
Ante la pregunta de por qué entonces accedió a una cita extra laboral
y en un lugar, que evidentemente era un hotel, Ruelas Huacasi dijo que el alcalde
le propuso ayudar en un tema legal que ella viene respondiendo ante la Segunda
Fiscalía Penal Corporativa de Paucarpata (Investigación Preparatoria), por el
supuesto delito de Falsificación de Documentos y por el cual el burgomaestre le
habría ofrecido ayudarla.
“Yo creí en él y pensé que me llevaría a ese lugar sólo para conversar,
no me di cuenta que era un hotel. No podía desconfiar de él”, afirmaba.
Indicó también que al salir de la municipalidad, el alcalde le dijo
“si no vas, no te voy a ayudar” y que por eso asistió a la cita donde –según la
denunciante– fue ultrajada sexualmente, sin que existiera la posibilidad de
gritar o defenderse físicamente, pues a pesar de su condición robusta,
Felícitas Ruelas afirma padecer una enfermedad que le debilita los huesos.
“Señorita, aquí en la municipalidad hay cámaras de seguridad que
hubiesen demostrado lo que digo: el alcalde me insistió a salir con él. Sin
embargo, sospechosamente se pierden las cámaras, “¿cómo demuestro yo ahora?”.
Se autocuestionó y expresó su confianza en la justicia y en las evidencias que
se puedan encontrar.
Afirmó también que en tanto dura el proceso de investigación, desea
acogerse al “Programa de protección de víctimas y testigos”, del sector
justicia, por las constantes llamadas amenazantes que recibe y que dice tener
registro.
Asimismo –dijo– aprovecharé la oportunidad de hablar con la titular
del Ministerio de la Mujer, a quien le hará llegar su denuncia.
MINISTERIO PÚBLICO
INVESTIGA EL CASO
En tanto, el Ministerio Público investiga al alcalde distrital de
Characato, Ángel Linares Portilla, por presuntamente ultrajar sexualmente a
esta trabajadora.
Según indica el expediente, la mujer actuó bajo amenazas de la
autoridad edil, quien le insistió a tener una reunión privada con él y la
condujo hacia la calle Olímpica, cerca a la avenida Salaverry, en el Cercado de
la ciudad.
La agraviada narró que en este lugar el burgomaestre la obligó a subir
las gradas, sin que se diera cuenta que ingresaba a un hotel y que allí la
golpeó y sometió sexualmente.
De acuerdo a los exámenes realizados en el Instituto de Medicina Legal
(Ministerio Público), la mujer presentaba lesiones vaginales y anales, además
de hematomas en otras partes del cuerpo.
La investigación está a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa, que lidera Arturo Valencia Paiva, quien realiza la investigación
preliminar.
ALCALDE NIEGA LOS HECHOS
Por su parte, el alcalde distrital de Characato negó los cargos
imputados y dijo –una vez más–, que el interés de esta persona es
desprestigiarlo ante la opinión pública.
Al igual que Felícitas Ruelas, negó que sostuvieran una relación
sentimental extra matrimonial y sin dar mayor información sostuvo que, “toda la
verdad se sabrá en su momento y que su conciencia está tranquila, que nunca
abusó sexualmente de la trabajadora municipal, incluso dijo haberse sometido a
las pruebas que le exige el Ministerio Público, como la toma de muestras de
sangre para homologar su ADN con el encontrado por la policía especializada.
Continua almacenamiento de equipos en hospital Goyeneche
Aunque
el consejo regional dio normas correctivas, aún no se han cumplido.
Por:
Elízabeth Gamarra Pinto
Los ocho consejeros regionales del Gobierno Regional
de Arequipa (GRA) tienen varias funciones, entre ellas están la de representación,
fiscalización, control político y la normativa; sin embargo, esta última no se
está cumpliendo, ya que los Acuerdos Regionales 050 y 145, aprobados en mayo y
octubre de 2012 respectivamente, hasta la fecha no han sido implementados tal
como se pidió en dichos documentos.
La consejera por
Camaná y presidenta de la Comisión de Desarrollo e Inclusión
Social y Prevención de Conflictos, Yamila Osorio Delgado, mencionó que existen
muchos casos en los cuales no se están aplicando las ordenanzas y acuerdos regionales
que se aprobaron en los años 2011 y 2012, además no existe una norma por la
cual el autor de las ordenanzas o acuerdos deba hacer el seguimiento de las mismas,
pero particularmente Yamila Osorio hace seguimiento de los documentos que ha
propuesto dentro de la comisión que preside, así como a las medidas correctivas
hechas a la fiscalización del sector salud.
EQUIPO MÉDICO SIN USO
En el caso del Acuerdo Regional 050-2012-GRA/CR-AREQUIPA,
aprobado en mayo, menciona en uno de sus puntos, que después del proceso de
fiscalización al hospital Goyeneche, se encontró la existencia de equipos
médicos nuevos, que se encuentran almacenados y sin uso, tales como monitores,
ecógrafos, Arco en C, respiradores, entre otros y hasta la fecha siguen almacenados.
Asimismo, el acuerdo estable derivar dichos actos a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios a efecto de que se
evalúe y, de ser el caso, determine
responsabilidades a los funcionarios
competentes, por los hechos de falta de uso de los equipos médicos señalados o la falta de uso
adecuado del equipo; disponer que la Gerencia Regional de Salud de Arequipa a
través de la Dirección General del Hospital Goyeneche determine la inmediata ubicación,
reparación y puesta en funcionamiento, según corresponda, de los equipos
médicos previa capacitación del personal que se encargará de su operación.
Las autoridades del hospital
Goyeneche alegaron que los equipos siguen almacenados debido a que no hay lugares adecuados
para ponerlos en funcionamiento, a la fecha han reportado que continúan con la
habilitación de ambientes. “Acá lo que les cuestionamos fue que si no contaban
con ambientes no debieron requerir esos equipos”, precisó Yamila Osorio.
EQUIPOS ROBADOS
De otro lado, el Acuerdo Regional
145-2012-GRA/CR-AREQUIPA, aprobado en octubre del pasado año, impone medidas correctivas
ante el robo de equipos del área de gastroenterología del hospital Goyeneche, ocurrido
el mismo mes, pero hasta la fecha las autoridades competentes no han cumplido con
las disposiciones dadas, entre ellas la de derivar a la Comisión de Procesos Administrativos
que evalué y, de ser el caso, determine responsabilidades de los funcionarios
competentes por el incumplimiento del procedimiento establecido en la directiva
002-2009-GRA/PR/SRS-HG, sobre robos o sustracciones.
Priorizar el destino de recursos para mejorar el
sistema de seguridad y vigilancia del nosocomio, que comprenda el sistema de seguridad
con alarmas, cámaras de seguridad, tercerización del sistema de seguridad, etc.
El documento también contempla que se realicen las medidas
inmediatas para restituir el servicio en el área de gastroenterología del
hospital Goyeneche de modo tal que no se perjudique a los pacientes usuarios
del servicio.
Un informe, remitido el último martes a la consejera
Yamila Osorio, por parte del hospital Goyeneche, indica que aún continúan en el
proceso administrativo para la adquisición de los equipos robados.
“Se supone que
los normas son para cumplirse, pero eso no está pasando, además no existe
ninguna regla que establezca sanciones para los funcionarios que no implementen
las ordenanzas o acuerdos regionales que aprueba el Consejo Regional, es un
esfuerzo grande que se hace para que sean aprobados para que después no se
cumplan”, enfatizó Yamila Osorio.
EVALUACIÓN DE NORMAS EMITIDAS
La consejera sugirió que debería hacerse un
diagnostico de los normas emitidas durante los dos primeros años de gestión del
Consejo Regional para saber qué ordenanzas y/o acuerdos no se han implementado
y de acuerdo a esa evaluación se implementarían medidas correctivas y hasta
sanciones para las personas o funcionarios encargados de implementarlas.
DATO
De enero al 14 de diciembre de
2012, la consejera Yamila Osorio encabeza el ranking de proyectos presentados y
aprobados con 10 Ordenanzas Regionales, 20 Acuerdos Regionales, 4 propuestas de
ordenanzas y una propuesta de acuerdo que están siendo revisadas en las
comisiones respectivas.
Serenos de Arequipa reclaman mayores sueldos y seguro adicional
Sueldos que perciben de la
Municipalidad Provincial son los más bajos en comparación con otros municipios
de la ciudad.
Por Rocío Méndez Carbajal
En unas semanas, el Cercado de
Arequipa podría quedarse sin el servicio de serenazgo en sus calles debido a
una acción de protesta que protagonizarían los 109 serenos que trabajan en la
municipalidad provincial, quienes están pidiendo no solo un incremento de
sueldo, sino también un seguro de riesgo laboral porque según manifiestan sus
vidas corren peligro debido al riesgoso trabajo que desempeñan en las calles de
la ciudad.
Freddy Flores Flores, secretario
general del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana del municipio
provincial, refirió que los serenos perciben 900 nuevos soles mensuales y con
los descuentos de ley reciben 780 nuevos soles, monto que no solo consideran
mínimo con relación al trabajo que realizan, el cual califican de riesgoso
porque muchas veces están expuestos al maltrato de la gente que tienen que
intervenir, sino también porque este es inferior al sueldo que perciben los
serenos de otras municipalidades de Arequipa.
“En otros municipios de la ciudad,
los serenos perciben entre 1,300
a 1,500 nuevos soles, monto que está por encima de lo
que nosotros ganamos y cuentan además con un seguro de riesgo laboral, muchos
creen que por trabajar en el municipio provincial ganamos más, eso no es cierto,
tenemos problemas con nuestros sueldos y por eso solicitamos un incremento”,
manifestó Freddy Flores.
Respecto al seguro de vida, el
representante de los serenos indicó que hace poco tiempo un compañero durante
una intervención fue herido y sufrió una fractura que requiere de una
intervención quirúrgica, pero por lo delicado del caso es necesario contar con
otra opinión médica, servicio que podría ser cubierto si el sereno contará con
un seguro adicional al seguro social, comentó.
¿CUÁNTO GANAN OTROS
SERENOS?
A diferencia de lo que ganan los
serenos del municipio provincial de Arequipa (900 nuevos soles mensuales), sus
colegas de los distritos de Cerro Colorado, Alto Selva Alegre y José Luis
Bustamante perciben sueldos que oscilan entre 1,000 a 1,400 nuevos soles.
Los sueldos en estos gobiernos
locales varían según el cargo que ocupen los serenos en Cerro Colorado, por
ejemplo el conductor de la unidad móvil gana 1,300 nuevos soles, y el sereno
que hace servicio a pie 1,000 nuevos soles, montos nada despreciables en
comparación a los que percibe el personal del concejo provincial.
AUMENTO DE 300 NUEVOS
SOLES
El dirigente de los serenos refirió
que ellos están solicitando un incremento de 300 nuevos soles, es decir su
sueldo sería de 1,200 nuevos soles si se procede con el aumento, y contar con
un seguro de vida. El pedido fue formulado al doctor Ricardo Chávez, asesor de
alcaldía y presidente de la comisión negociadora de asuntos sindicales, quien
inicialmente no les ofreció muchas posibilidades de acceder a su petición, por
lo que el personal de serenazgo habló de protagonizar una paralización hasta
lograr su objetivo.
ANUNCIAN AUMENTO DE
SUELDOS
Al parecer las cosas no llegarán a
esos extremos, porque el municipio decidió acceder a su petición, aunque no en
la medida solicitada, pero existe la intención de incrementar el sueldo,
ofrecimiento que calma en parte el malestar de los trabajadores quienes tenían
pensado protagonizar una suspensión de sus actividades.
Ricardo Chávez refirió que el sueldo
de los serenos podría oscilar entre 1,050 y 1,100 nuevos soles desde marzo,
monto que está por definirse con el área de economía y finanzas, pero que si
existe el interés de la comuna de atender la demanda del personal que trabaja
las 24 horas del día en tres turnos.
A pesar del ofrecimiento, el
dirigente tiene temor de que nada de lo conversado se cumpla debido a que estos
fueron hechos verbalmente, no existiendo ningún acuerdo escrito de por medio,
por lo que la paralización de los serenos es latente.
Freddy Flores, dijo que esperan
hasta la quincena de febrero para la consolidación del ofrecimiento, toda vez
que en esa fecha deberán suscribir sus contratos para el periodo 2013, en tanto
el personal seguirá cumpliendo sus actividades de control y seguridad en las
calles del centro de Arequipa.
DATOS
Los serenos del municipio de Hunter
perciben sueldos que oscilan entre 850 y 900 nuevos soles, montos considerados
bajos, por lo que el personal permanece poco tiempo en el puesto porque busca
otro centro laboral donde la remuneración sea superior.
Los serenos que laboran en la
municipalidad provincial lo hacen bajo un contrato laboral determinado, es
decir no cuentan con permanencia laboral.
lunes, 28 de enero de 2013
Juezas suplentes del Poder Judicial absuelven a presunto violador de menor de edad
No valoraron pruebas que certifican la agresión de la pequeña víctima de
3 años de edad
Por Rocío Méndez Carbajal
Indignación provocó el fallo del Colegiado A de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa, que absolvió a Mariano Rufino Janampa Torres de 65 años
del delito de violación sexual contra un menor de edad, a pesar de existir las
pericias legales que certifican que el niño de tres años fue violado
sexualmente.
Los padres del menor así como sus familiares y amigos que asistieron a
la audiencia la cual se desarrolló el pasado jueves 24 de enero, no pudieron
evitar expresar su malestar por el fallo del Colegiado A que además está
integrado por tres mujeres, Alida Rodríguez Galindo, Marleny Castillo Parisuaña
y Liliana Morales Cutimbo; quienes no valoraron la declaración del menor quien
pese a su corta edad reconoció al sujeto que lo atacó sexualmente, sin embargo
las juezas no tomaron en cuenta esta prueba y optaron por señalar que lo
manifestado por el menor no era coherente y que habría sido inducido en su
declaración.
HECHOS DE HORROR
Los hechos ocurrieron el 23 de abril del año pasado en una institución
educativa particular del distrito de Hunter
donde el menor asistía diariamente. Su agresor Mariano Janampa Torres se
dedicaba a la limpieza del plantel y este según el menor, abuso de él en los
servicios higiénicos cuando la profesora salió del aula para fotocopiar algunas
hojas de trabajo.
Al día siguiente de la agresión sexual (24 de abril) el padre del niño
L. A.P. cuando cambia de ropa a su hijo para enviarlo al colegio se percató que
éste sentía dolor en su ano al interrogarlo sobre lo ocurrido el menor le contó
que el “hombre que sube y baja las gradas del colegio le había orinado en su
potito” y “ese viejito no me gusta y ese colegio es feo”, en ese momento los
padres del niño sospecharon lo peor y denunciaron el hecho a la policía y el
pequeño pasó por el médico legista donde dos peritos certificaron la violación
del menor.
La investigación también incluyó pericias psicológicas que describen al
niño espontáneo y colaborador y temeroso de recordar lo ocurrido en el baño de
su colegio.
RECONOCIMIENTO PLENO
Ese mismo día el menor fue sometido a la entrevista única donde cuenta
lo ocurrido y describe a la persona que lo agredió sexualmente también pasó por
la Cámara Hessel. Al día siguiente 25 de
abril el pequeño es sometido a otra prueba esta vez a través de la Cámara
Hessel debía reconocer a su agresor, cuatro varones con características
similares a Mariano Janampa incluido él, fueron citados para pasar por ese
reconocimiento.
El pequeño después de ver a los
cinco hombres a través de la cámara señaló sin titubear a Mariano Janampa como
el hombre que lo agredió en el baño de su colegio. El acta de reconocimiento
fue certificada por dos fiscales, dos efectivos policiales y un psicólogo pero
al parecer esto no fue tomada en cuenta por el Colegiado A del Poder Judicial
que no formuló denuncia contra el presunto violador quien el viernes 25 salió
en libertad al cumplir nueve meses de prisión preventiva y al ser absuelto en
primera instancia por el delito de violación contra un menor de edad.
NO TOMARON EN CUENTA A
TESTIGOS
Las juezas tampoco tomaron en cuenta a las testigos que se presentaron
en la audiencia, madres de familia del colegio donde ocurrieron los hechos
quienes refieren que Mariano Janampa era visto en horas de la mañana en el
colegio, sin embargo, el aduce en su declaración que no iba por las mañanas a hacer
limpieza al local, pero en otro momento de su declaración dice que iba temprano
para sacar la basura. Manifestación contradictoria del imputado que tampoco fue
valorada por el colegiado.
Otro aspecto que no fue tomado en cuenta fue el hecho que las
profesoras del colegio dejaban a los niños solos en horas de clase cuando
tenían que fotocopiar algunas hojas de trabajo, debiendo salir a un local que
quedaba fuera del plantel. Las docentes en su declaración negaron esa
posibilidad aduciendo que el colegio contaba con fotocopiadora, mentira que
quedó al descubierto cuando la promotora del plantel al ser interrogada sobre
el tema dijo que no contaban con una fotocopiadora.
Lo que llamó la atención a los asistentes a la lectura oral de la
sentencia el pasado jueves es que las juezas pretendieran encontrar en un niño
de tres años una declaración exacta de lo ocurrido como si se tratara de una
persona adulta que pudiera contar con lujo de detalles la agresión sexual, hecho
que tampoco podría realizar un adulto debido al shock que provoca pasar por una
situación como esta.
INDIGNACION TOTAL
Las juezas al parecer tampoco se dieron cuenta que estaban frente a un
caso de violación sexual contra un menor de edad y decidieron que las cuatro
audiencias fueran públicas cuando en estos casos son reservadas, desatendieron
el pedido del Ministerio Público para que las audiencias se desarrollen de esa
manera, y lo que es peor en una de las cuatro audiencias presentaron a través
del ecran, la imagen del ano del niño maltratado por la violación, atentando
contra el pudor del pequeño.
La decisión del colegiado A ha provocado indignación entre los
familiares del menor quienes refieren que las pruebas presentadas por el
Ministerio Público no han sido tomadas en cuenta y que esperan que en segunda
instancia se haga justicia al menor quien a su corta edad ha tenido que pasar
por una situación tan difícil como esta, que probablemente no olvidará jamás.
FISCALÍA PIDIÓ CADENA
PERPETUA
La sentencia del Colegiado A por ser en primera instancia será apelada
por LA Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Hunter del Ministerio Público, instancia que
solicitó cadena perpetua para el presunto agresor, quien a pesar de su edad no
podrá salvarse de la sentencia si los magistrados en segunda instancia otorgan
justicia para este pequeño que nunca olvidará los momentos de horror que vivió
en su colegio.
Hijos de padres solteros o convivientes no pueden ser discriminados ¡Alto a la exigencia de partida de matrimonio!
Por mucho tiempo numerosos padres de
familia, mujeres en su mayoría, tenían que apretar los labios, para decir
-entre dientes- su condición civil de “madres solteras o convivientes”, pues les
era imposible postular a un colegio
privado católico. Hoy esa mala costumbre ha llegado a su fin, al menos así lo
pretenden las autoridades de nuestro país, en su afán de garantizar el derecho
a la educación sin ningún tipo de discriminación, que por desconocimiento
padres solteros o divorciados debían afrontar.
Por: Pilar Rivera Ramos
La semana pasada el tema de debate en
casi todos los medios de comunicación fue la prohibición de que los colegios
privados de enseñanza religiosa condicionen la matrícula escolar a la
presentación de la partida de matrimonio de los padres, calificándola como una
práctica discriminatoria e ilegal.
La denuncia la realizó en Lima el
presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso Jaime Delgado,
e inmediatamente en Arequipa, Indecopi comenzó a recoger las quejas en contra
de al menos 15 colegios en esta ciudad, dos de los cuales fueron los centros
educativos San José y Nuestra Señora de Fátima.
ACTOS
DISCRIMINATORIOS
Según afirmó la jefa de la Oficina
Regional del Indecopi, Lucía Cornejo Gutiérrez-Ballón, se trata de denuncias
presentadas en agosto pasado y fueron consideradas como actos discriminatorios
al derecho de educación, ante lo cual se exigió la acreditación del pedido a
los directores de ambos colegios, la misma que no fue sustentada en su debido
momento, por lo que se procedió a imponerles las sanciones respectivas (entre 10
a 15 Unidades Impositivas Tributarias).
Trascendió que ambos centros educativos
solicitaban como requisito para postular a una vacante, las partidas de
matrimonio civil y religioso de los padres, además de la partida de bautizo de
los menores, solicitudes muy utilizadas en los colegios religiosos de todo el
departamento.
Entonces la resolución de primera
instancia multó al colegio San José con 54 mil 750 soles, y que fue apelada
ante la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi, ente que resolverá el
caso en los plazos que establece la norma.
En tanto, la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima renunció al derecho de impugnar la decisión del Indecopi habiendo pagando 36 mil 500 soles de multa.
La funcionaria recordó que las multas por actos de discriminación a las instituciones educativas particulares pueden alcanzar las 450 Unidades Impositivas Tributarias, por lo que hizo un llamado para evaluar los requisitos que se solicitan para obtener una vacante.
En tanto, la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima renunció al derecho de impugnar la decisión del Indecopi habiendo pagando 36 mil 500 soles de multa.
La funcionaria recordó que las multas por actos de discriminación a las instituciones educativas particulares pueden alcanzar las 450 Unidades Impositivas Tributarias, por lo que hizo un llamado para evaluar los requisitos que se solicitan para obtener una vacante.
POSICION
DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
Respecto a este tema el comisionado
en temas de Educación de la Defensoría del Pueblo, Javier Argos, sostuvo que
efectivamente existe una mala costumbre de que gran número de colegios
religiosos en el Perú consideren que niños de padres solteros o convivientes no
tienen el mismo derecho que los demás a la educación en dichos establecimientos
de enseñanza.
Esto se debe, dijo, a que el Estado,
al no tener la capacidad de la educación en el país, habilitó este servicio a
particulares, cuya perspectiva de empresa privada les permitió sentar sus
propias normas de allí la exigencia de este tipo de requisitos, donde el padre
de familia decide, libremente si desea, o no, someterse a estas reglas.
“Desde un punto de vista pedagógico
esto no tendría sustento; sin embargo reconocemos que la actividad empresarial
privada les permite ciertas facultades” y puso por ejemplo al colegio militar,
cuyo padre de familia está en la libre elección de decidir su postulación,
sabiendo el costo de la matrícula, entre otras exigencias.
El artículo 2 de la Constitución
establece el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, y agrega que
“nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”, por lo que
se debe defender este derecho.
Agregó que en el mismo sentido, el
Código de los Niños y Adolescentes establece en su artículo 14 que “ningún niño
o adolescente debe ser discriminado en un centro educativo por su discapacidad
ni por el estado civil de sus padres”.
Finalmente, refirió que el primer
artículo de la Ley 26772 señala que, “el acceso a centros de formación
educativa no podrá contener requisitos que constituyan discriminación,
anulación o alteración de la igualdad de oportunidades o de trato”.
DATOS
- En lo que va del
presente año, unos 17 colegios particulares han sido denunciados ante el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (Indecopi) de Arequipa.
- La jefa regional
de la entidad, Lucía Cornejo Gutiérrez-Ballón, informó que 13 denuncias
corresponden a instituciones educativas de la ciudad, una en Mollendo y
tres en Camaná.
- La
mayoría de denuncias son por presuntos cobros extraordinarios y
condicionamiento de la matrícula, iniciando la entidad la constatación
respectiva.
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