lunes, 26 de noviembre de 2012
Universidades privadas promueven la investigación entre sus alumnos
Sin embargo, la UNSA, que recibe canon minero, hace poco o nada por este rubro.
Por Elizabeth Gamarra Pinto
Las universidades públicas y privadas tienen como misión la formación de profesionales con capacidad de investigar, para lo cual es necesario contar con recursos económicos propios o financiados. En Arequipa, la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), por ser la única pública, tiene la ventaja de recibir dinero gracias al boom de la minería y. a pesar de contar con unidades e institutos de investigación, no logra utilizar todo el presupuesto que le asignan para investigar dejando de lado muchos temas sociales, ambientales, tecnológicos, etc.
La falta de motivación para investigar es notoria en el alumnado, que al momento de graduarse muchos optan por hacer cursos de titulación y no proyectos de investigación plasmados en una tesis.
LA UCSM
En el caso de la Universidad Católica Santa María (UCSM), a través del Centro Interdisciplinario de Investigación e Innovación (CICA), tiene la misión de promover la producción del conocimiento científico y tecnológico; así como la innovación, priorizando la megadiversidad de la macroregión sur mediante la gestión de proyectos de investigación básica y aplicada.
El CICA cada año tiene destinado un monto presupuestario para proyectos de investigación y este año asciende a 400 mil nuevos soles, la mitad de este presupuesto es para las actividades de investigación como publicaciones, cursos de capacitación, seminarios, implementación de laboratorios, insumos, infraestructura, etc.
El director del CICA, Edgar Borda Rivera, mencionó que desde el 1997 hasta la fecha existen 605 publicaciones sobre las investigaciones hechas por los docentes y los estudiantes y que cada año se realizan de 35 a 45 proyectos de diferentes áreas. Por ejemplo, alumnos y maestros han elaborado un gel a base de la cáscara de la papaya arequipeña para usos dentarios, es decir que el dentista puede usar el gel en vez del taladro que causa molestias a los pacientes, producto que ha cobrado interés en Italia.
“Los proyectos de investigación que realizan los alumnos y docentes buscan satisfacer las necesidades de la población; es decir, hacer a la región más competitiva ante las demás. También incentivamos a los alumnos para que hagan investigaciones mediante las Ferias Anuales de Investigación, premiándolos con becas de estudio durante un año, porque la única forma de investigar es con la práctica”, enfatizó Borda Rivera.
LA UCSP
La Universidad Católica San Pablo (UCSP) cuenta con la dirección de investigaciones desde el año 2006, y una de sus principales labores ha sido formar a docentes acreditados en investigación, y al mismo tiempo financian sus cursos en el extranjero y publicaciones de libros o artículos en revistas de investigación, y desde este año están trabajando en la preparación de estudiantes investigadores que apoyan y asisten a los maestros en sus investigaciones.
Una de las misiones de la UCSP también es formar investigadores desde los primeros años. El encargado del área de investigación de pregrado, José Alonso Calienes Antesana, explicó que la dicha casa universitaria es la única que no promueve los cursos de titulación para que los alumnos se gradúen, es decir que todos deben hacer una tesis para obtener un título profesional, es por esto que desde los primeros años en todas las carreras se le enseña al alumno a investigar, desde cómo escribir un ensayo, una tesis, un artículo, paper (artículo de investigación), como buscar información en internet y para esto existe el Google académico, entre otras herramientas que abre el interés al estudiante para que indague.
La investigación empieza con proyectos simples donde los estudiantes toman datos, comparan información, preparan planes de trabajo y los plasman en un proyecto final, ese trabajo se pudo apreciar en la feria Buenas Ideas para una Arequipa Mejor 2012, que realizó la universidad el pasado viernes, donde se presentaron trabajos como el Manual para una madre primeriza o la ética en los programas radiales, que son proyectos de investigación.
El financiamiento externo que logran conseguir las universidades privadas es gracias a los concursos que promueve el Estado peruano y organismos extranjeros que promueven la investigación.
LA UNSA
Se sabe que cada año la UNSA recibe el 20% del presupuesto que recibe el Gobierno Regional de Arequipa por concepto de canon minero, monto que desde el año 2004 a la fecha debió percibir un total de 118 millones 800 mil nuevos soles, pero sólo ha recibido 82 millones 263 mil nuevos soles y lo más lamentable es que ha gastado 25.2 millones, es decir ni el 50%.
Para la Coordinadora del Proyecto Vigila Perú en Arequipa, Patricia Pinto Arenas, son varios factores del porque la UNSA no invierte todo el monto del canon minero en proyectos de investigación, desde la entrega tardía del dinero, porque no hay una norma que establezca cuándo el Gobierno Regional deba hacer la transferencia, otra escusa de la falta de inversión son las trabas que pone el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ejecutar los proyectos.
Se sabe que la UNSA invierte en infraestructura y laboratorios que posteriormente se usarán para investigaciones. “La universidad debería enlazar las oficinas de planificación e investigación para que los proyectos se planifiquen bien, otra solución al problema del gasto del canon minero sería que el Gobierno Regional le dé a conocer a la universidad cuál es la problemática de la región para que docentes y alumnos hagan investigaciones para mitigar dicha problemática en los ámbitos social, ambiental, tecnológico, científico, etc. y así mejorar la calidad de vida de las personas”, finalizó.
DATOS
En el caso de la UCSM logró ganar de 1 a 3 millones de nuevos soles gracias a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para hacer investigaciones. Por su parte la UCSP obtuvo desde 800 mil nuevos soles hasta 300 mil euros, ganando concursos a nivel nacional e internacional gracias a sus docentes acreditados en investigación que presentaron buenos proyectos, montos que utilizan en su totalidad e informando en qué lo utilizan.
lunes, 19 de noviembre de 2012
Sin amor o sin vergüenza
Una vergonzosa historia de ambición ha destruido el corazón de una
familia, cuyos hijos, por el reparto de unos metros de terreno y el deseo de
tener unos cuántos soles más en el bolsillo, han denunciado judicialmente a su
propia madre. Una historia que llena de lágrimas a la mujer que los parió y que
hoy, son su peor verdugo.
Por Pilar Rivera Ramos
Andrea Cornejo viuda de Portilla tiene 82 años y una larga lista de
procesos judiciales que afrontar. El hombre con el que se casó, Alberto Manuel
Portilla Guillén, y con el que tuvo 10 hijos, falleció hace 13 años y desde
entonces ha vivido una historia de horror, acusada por sus propios hijos en el
intento de declararla interdicta (restricción de la capacidad jurídica), a fin
de gozar de las propiedades que día a día construyó al lado de su compañero de
vida y patriarca de la familia.
El pasado viernes conversamos con Andrea. Contiene el llanto pero no
puede impedir el temblor de sus labios. Se sienta, observa las flores del
jardín y recuerda la casa de la fue despojada, en el tradicional distrito de
Characato. También evoca –con miedo– el día que fue secuestrada por algunos de
sus hijos, y declarada mentalmente incapaz por otros como parte de las argucias
de las que, dice, se valieron “para despojarla de todo cuanto tenía.
“Mi esposo era todo para mí y a su muerte consideré que las cosas
mejorarían, pues su genio –fuerte y mandón como buen chacarero– creí que
también se iría a la tumba; sin embargo, de que tranquilidad puedo hablar si mis
hijos menores se encargaron de cambiarme la vida. A esta edad tengo procesos
judiciales que afrontar, en medio de acusaciones falsas y mentirosas que los
jueces no tuvieron el criterio de evaluar”.
JUICIOS DE NUNCA ACABAR
En efecto, un viejo folder de plástico guarda un grueso número de
papeles que revelan la triste historia de esta mujer. Entre los documentos destaca
el presentado por una de sus hijas, de nombre Yenny Madeleine Portilla de
Maldonado, quien interpone una interdicción civil, “la que dirijo en contra de
mi señora madre, Andrea Claudia Cornejo Huamán” (prospecta interdicta).
En el petitorio indica que su señora madre adolece de deterioro mental
que le impide expresar su libre voluntad, que sufre trastorno mental tipificado
como reacción paranoide y senelidad.
Pero en todo ese grueso legajo de demandas y procesos judiciales
figuran siempre como demandantes sus hijos, además de Yenny Madeline, Mercedes
Lidia, ambas con poder especial en representación de Angélica Alfonsina, Juan
Félix, Ángel Alberto, Cristina Vilma y Luis Santos Portilla Cornejo.
Incluso, uno de los últimos procesos por nulidad de acto jurídico,
estos demandantes solicitan “que la demandada, Andrea Cornejo Huamán viuda de
Portilla, cumpla con el pago de las costas y costos (del proceso que ellos
mismos iniciaron), el cual asciende a 465.40 y 1 mil 500 nuevos soles,
respectivamente “en el plazo de cinco días bajo apercibimiento de darse inicio
a ejecución forzada”.
Andrea sostuvo que ante el temor de que le embarguen y le quiten lo
poco que le queda, juntó el dinero y pagó a sus hijos la cantidad solicitada,
según consta el depósito judicial administrativo.
TODO POR UNA CASA
Y es que la historia se inicia el 4 de enero de 2001, cuando Andrea
Cornejo convoca a sus hijos y mediante acta acuerdan vender una casa en Jesús
María y que la administración de las chacras estará a cargo de Ángel Portilla y
Mercedes Portilla, lo que al parecer marca el comienzo de las diferencias.
Curiosamente Jenny y Mercedes Portilla –según obra documentación
oficial– denuncian a sus hermanos mayores Mateo Elmer y Gloria Benita Portilla
Cornejo por falsedad material, ideológica, estafa, defraudación, hurto
agravado, falsa declaración, coacción y en agravio del Estado y de la sucesión
de Alberto Manuel (el padre).
Según Andrea Cornejo, estos hijos pasan a ser nuevas víctimas, por ser
los únicos –como hijos mayores– a quienes encomendó la responsabilidad de velar
por los bienes de su padre; sin embargo, esto, al parecer, no les agradó al
resto de sus hermanos y procedieron a denunciarlos también a ellos.
“Señorita, mi propio yerno, Walter Isidoro Vera Delgado, llegó a
cobrar el Fonapu de mi esposo a 16 días de su muerte, incluso acusaron a mis
hijos mayores (Mateo y Gloria Benita), de haberme secuestrado con el fin de
quitarles autoridad. Luego me amenazaron y fue por intermedio de Gloria que
pude salir de casa a fin de protegernos entre ambas; pues en estos líos legales
se valían de todo para restarme autoridad, incluso dijeron que los documentos
que yo firmé eran falsos”, comenta la Andrea Cornejo.
Ahora estoy bajo su cuidado, pero temo la ira de mis otros hijos, que
me llegan a insultar, me amenazan, dicen que no tengo uso de razón; pero, eso
sí, “estoy mentalmente sana cuando debo pagarles el dinero que ellos gastan por
los procesos judiciales que me inician”.
SOLO JUSTICIA
Andrea ya no controla el miedo, mucho menos el dolor de sentirse defraudada
por sus propios hijos de quienes, afirma, sólo esperaba amor. “Ya estoy vieja,
cualquier rato me muero y no he podido sentarme con ellos y ver a mis nietos
crecer. Todo es odio y ambición en esta familia”.
Y mientras guarda sus papeles nos aprieta fuerte la mano, extiende un
abrazo y se despide con la idea de que alguien lea esta historia y le ofrezca
las garantías de un proceso judicial limpio o, por lo menos, defiendan la
legalidad de sus derechos y así pueda vivir con dignidad la vejez de sus años
marcados por el llanto.
martes, 13 de noviembre de 2012
Guillén ¿avalaba un desastre ambiental?
Cementos Otorongo, sueño o pesadilla de la nueva fábrica de cemento en Arequipa, avalada por el Gobierno Regional de Arequipa.
Otorongo fue un proyecto de iniciativa privada de inversión que tuvo la pretensión de instalarse desde el 2007 en Arequipa y que contaba –o cuenta aún– con el incentivo del Gobierno regional. Dicho proyecto no prosperó por una secuencia de observaciones en la etapa de preparación del proyecto, que fue desnudando, poco a poco, las verdaderas intenciones de empresarios y funcionarios gubernamentales, empeñados en dar “luz verde” al proyecto. Cementos Otorongo S.A.C. es una empresa promotora que opera en diferentes puntos del país, autora del proyecto para la instalación de una fábrica de clinker y cemento en el departamento de Arequipa, con la intención de producir 1 mil 500 toneladas diarias de clinker y 650 mil toneladas anuales de cemento. ¿Dónde?, en los terrenos de San Camilo, en La Joya, donde inevitablemente se registrarían severos daños ambientales, similares a los de una explotación minera.
El permiso para operar 50 años se viene abajo, cuando otros estudios revelaron que los denuncios mineros de Cementos Otorongo en La Joya sólo tendrían reservas para ser explotados por 10 años, cayéndose así la máscara de una empresa de prestigio que no hizo, sino, incumplir las normas más indispensables, extrañamente apoyadas por el Gobierno Regional de Arequipa.
Por Pilar Rivera Ramos
El nombre del proyecto Otorongo sale a luz, por primera vez, el 31 de octubre de 2007 por el presidente regional, Juan Manuel Guillen Benavides, quien, según sus propios cálculos entraría en operatividad en abril de 2008.
“Estamos anunciando una inversión efectiva, que resulta de gestiones, autorizaciones, licencias concedidas, que confirman que el proyecto está en marcha” y expresó inicialmente que dicho proyecto se ubicaría en el distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay.
Sin embargo, dichas declaraciones se vinieron abajo, pues recién el 6 de febrero de 2008 se admite como iniciativa privada para la adquisición del terreno donde se instalaría la fábrica (Resolución No.001-2008-GRA/PR-OPIP) y no en los 6 meses que indicara antes el presidente regional.
Al parecer, los anuncios de Guillén Benavides sirvieron para que una empresa transnacional se interesara en el proyecto y comprara a Cementos Otorongo, el proyecto de la fábrica, por la suma de 57 millones de nuevos soles.
La idea era comprar activos para la instalación de una fábrica de clinker (principal materia prima de la que se obtiene cemento) y como producto final el cemento, por lo que contaba con el amparo de la Ley No. 28059, a través de la cual se planteaba la adquisición de un terreno eriazo (activo) de propiedad del Estado.
VENDER HASTA LAS AGUAS SUBTERRANEAS
La extensión de terreno solicitado era de 310.542 hectáreas, con sus aguas subterráneas. El gobierno regional cobraría la suma de 283 millones 913 mil 554.22 nuevos soles por la venta de esa área en la zona de San Camilo. Otorongo, por su parte, garantizaba una inversión de 200 millones de dólares.
De esta manera se dio inicio a la elaboración de expedientes técnicos para la habilitación de accesos a la fábrica y sus canteras, la compra de maquinaria y equipos, construcción de la planta y la instalación de máquinas, entre otros temas.
Se afirma que la jugosa cantidad naturalmente abrió los ojos de muchísimas personas, sobre todo de altos funcionarios del gobierno regional que justificaron la necesidad de fomentar las iniciativas privadas de inversión.
En efecto, el 13 de octubre de 2011, después de 4 años de elaboración del proyecto, finalmente se aprueba el documento y se lanza como noticia, que por fin el proyecto tiene luz verde; es decir, ¡va para adelante!
“El Consejo Regional de Arequipa aprobó la iniciativa privada de la cementera Otorongo, que pretendía ubicarse en las tierras arequipeñas en el sector de San Camilo sobre un área de 310 hectáreas”, revelaba por entonces un boletín informativo emitido por el Gobierno Regional de Arequipa. Después se entendería que, aparentemente, los ejecutivos de Otorongo y el Gobierno regional estarían “limpiándose la boca antes de comer”.
ANUNCIOS Y MÁS ANUNCIOS
Por entonces, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Yamila Osorio Delgado, expuso ante los medios de comunicación el dictamen de la comisión y dijo que los requisitos exigidos y demandados por la Ley “se habrían cumplido”.
Dejó entrever que pese a “toda oposición detectada en el proceso administrativo”, finalmente se debía admitir esta iniciativa en su primera etapa, la cual debía concluir con la aprobación de la OPIP (Organismo Promotor de la Inversión Privada).
Para la consejera, la aprobación por unanimidad del proyecto cementero no sólo permitiría disminuir los precios de la bolsa de cemento, porque generará competitividad, sino, también, porque daría nuevos puestos de trabajo e inyectaría dinamismo económico en todo este sector. Del tema de medio ambiente no se dijo absolutamente nada.
Por lo contrario, se insistió en que, según el dictamen la iniciativa de inversión privada el “Proyecto de instalación de una fábrica de Clinker – Cemento”, generaría en la etapa de construcción 300 puestos de trabajo directos y no menos de 200 indirectos y en la etapa de operación se darían 200 puestos de trabajo directos y más de 1000 puestos indirectos. Dentro del marco de sana competitividad se adelantó que el precio del cemento bajaría y, lo más importante, que generaría nuevas fuentes de trabajo, propuesta que conquistaría el pensamiento de la población arequipeña.
A su turno, el presidente regional Juan Manuel Guillén Benavides reveló plazos, fechas y montos del proyecto y se dijo que, a más tardar a mediados de 2012, Arequipa ya contaría con una nueva empresa cementera en la región.
MILLONARIA INVERSIÓN Y FUENTES DE TRABAJO
Nuevamente habló de los 200 millones de dólares, la promoción de empleo, pero del tema de impacto ambiental se dijo poco, aunque se aseguraba que el agua a utilizarse sería subterránea.
Para un gran sector de la población, este anuncio no era, sino, una estrategia para incentivar la promoción del proyecto, pues motivó –como señalamos antes– el interés de la empresa transnacional brasileña de nombre, “CIMPOR, Cementos Portugal”.
En efecto esta empresa se interesa en comprar el proyecto a Otorongo. De acuerdo a documentos de aquel entonces (2007), un boletín informativo de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España, anunciaba: “Cementos Otorongo posee las autorizaciones necesarias, garantizadas por el Gobierno Regional de Arequipa, para construir y poner en funcionamiento la nueva planta”.
Para técnicos y especialistas del entorno del presidente regional surgía la interrogante: ¿Por qué se hace creer a los compradores que era un proyecto con todas las autorizaciones si realmente no era así?
LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ
Sin embargo, pese a repetidos anuncios que ahora sí el proyecto se aprobaba, surge una verdad documentaria que revelaba lo dificultoso que era conseguir el visto bueno del proyecto, pues la Empresa de Cementos Otorongo S.A.C. no cumplía con una serie de requisitos indispensables, luego vendrían denuncias por supuestos actos de colusión ante el Ministerio Público, juicios por abuso de autoridad, difamación y una población –casi desinformada– que le dijo “no” al proyecto, conociendo recién la magnitud del problema medio ambiental del aire y el agua de la zona.
OBSERVACIONES
Según el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, Henry Ibáñez Barreda, en un informe que emite al Organismo Promotor de la Inversión Privada del Gobierno Regional, el proyecto de instalación presenta observaciones como:
-Omitió el detalle de las razones de elección del proyecto propuesto.
-En la evaluación económica y financiera del proyecto no ha precisado la demanda estimada.
-En cuando a la capacidad financiera del solicitante (sustentado, documentalmente: balances, constancia de capacidad de endeudamiento por el monto del proyecto emitido por entidades financieras y otros documentos), no siendo suficiente la presentación de una declaración jurada que obraba en el expediente.
Destaca que, dentro de la necesidad del recurso hídrico para la ejecución de la iniciativa privada, “es recomendable que el promotor asuma de manera expresa el riesgo de una presunta denegación de la licencia de agua”, mediante declaración jurada.
En cuanto al Organismo Promotor de la Inversión Privada se dijo que no se cumplió con presentar, evaluar, ni precisar una serie de resoluciones, detalles de garantías de las obligaciones contractuales del inversionista, factores de competencia de la oferta pública, entre otros.
Finalmente se dijo que no se había determinado si el proponente contaba, o no, con capacidad financiera y solvencia técnica para desarrollar proyectos de magnitud similar al propuesto.
Si existía, o no, afectación ambiental al paisaje de una zona declarada como área natural protegida al patrimonio cultural de la nación, si la propuesta era innovadora, si suponía la integración económica de distritos, si el proyecto era, o no, rentable social y económicamente, entre muchos otros pedidos más.
INTERVENCIÓN DE LA CONTRALORÍA
En febrero de 2011, el jefe de la oficina regional de Control de Arequipa, Milton Yoplack Arana, hoy destituido por el escándalo sobre supuestos actos de corrupción al interior de esta institución, en un documento oficial admite que el proyecto tenía “presuntas irregularidades relacionadas con la iniciativa privada de inversión en la modalidad de venta de activos para el proyecto “Instalación de la fábrica de cemento”.
El mismo Yoplack advierte que la empresa Cementos Otorongo presenta algunas omisiones e incumplimientos a los procedimientos establecidos; asimismo, resalta el incumplimiento de dar publicidad (publicar, no habían anuncios masivos, para que la población conozca lo que se pretendía hacer), declarada como iniciativa privada de inversión.
La Contraloría solicita expedir certificados de disponibilidad de recursos hídricos y una serie de acciones correctivas para deslindar responsabilidades y concluye “la ocurrencia de estos hechos y la extensión excesiva de plazo para el levantamiento de las observaciones formuladas por la Comisión de Desarrollo Económico del Consejo Regional del Gobierno Regional de Arequipa, “restan transparencia a los actos administrativos relaciones con la aprobación de la iniciativa privada de inversión presentada por al empresa Cementos Otorongo. Luego, la investigación quedaría inconclusa.
MINISTERIO PÚBLICO
Por su parte en marzo del presente año, el Ministerio Público solicita al presidente del Gobierno Regional de Arequipa que emita un informe documentado, donde explique cuál es el tipo de normatividad que se aplica en el proyecto, fecha en que se presentó el proyecto aludido de inversión privada y a qué se debe la demora en la tramitación de la misma.
Solicita también se explique en qué condición se encuentra la resolución 80005-20089 que aprobaba el proyecto y que declaraba de interés, además se debía precisar en que etapa se encuentra el mismo y qué personal era el encargado de realizar toda la documentación referente al proyecto.
El Ministerio Público considera la necesidad de conocer estos temas, pues servirían para resolver el caso que se seguía contra Luis Venero de la torre y otros por el presunto delito de abuso de autoridad en agravio de Santos Guillén Rojas.
CAMPAÑA MEDIÁTICA
Frente a este tema se ha dicho que aquí hay una campaña mediática de los ambientalistas, incluso se afirmó que se habría motivado a los pobladores a defender sus terrenos.
En tanto, de la otra parte, los colonos opinaban que el interés del gobierno regional, con Juan Manuel Guillén Benavides a la cabeza, era promover la inversión extranjera, favorecerse con la venta de los activos anunciando un proyecto que a todas luces no era correcto y que no habría justificación para la magnitud del daño ambiental.
¡Así no, señor alcalde!
Una investigación periodística revelada por este medio daba cuenta de la supuesta compra irregular de un terreno a cargo de la Municipalidad Distrital de Tiabaya. Inicialmente se dijo que era para un albergue de ancianos, luego para un vivero municipal, por la suma de 1 millón 560 mil 629.17 nuevos soles. El mismo informe indicaba –según ficha registral– que este predio no estaba libre de cargas o gravámenes. El tema fue considerado de interés público y la asociación civil “Andeta” recogió las quejas de los vecinos para solicitar la vacancia del controvertido burgomaestre.
Por Pilar Rivera Ramos
El alcalde de Tiabaya, Miguel Ángel Cuadros Paredes, ingresó a la lista de alcaldes que tienen solicitud de vacancia ante el Jurado Nacional de Elecciones. La Asociación multisectorial por la defensa y desarrollo del distrito de Tiabaya – Arequipa (Andeta), cumplió su advertencia y presentó el pedido de vacancia contra el burgomaestre por la causal de restricciones de contratación.
Cuadros Paredes fue acusado de “mentirle a la población” respecto a la adquisición de un terreno destinado a la ejecución de la construcción del vivero municipal, distrito de Tiabaya – Arequipa, al que le establecieron en un primer valor referencial de 1 millón 208 mil 165.43 nuevos soles, para finalmente pagar el monto de 1 millón 560 mil 629 nuevos soles.
Pero lo peor no fue el monto de la compra, ni las observaciones del proceso de convocatoria de la buena pro, sino, porque el terreno registraba gravámenes; es decir, que se encontraba en litigio y se informa que, aunque el alcalde Miguel Ángel Cuadros Paredes estaba advertido de este hecho, aún así insistió en la adquisición del mismo.
De acuerdo a los fundamentos de hecho, el terreno en cuestión debía tener un área mínima de 01 hectárea y máxima de 01.25 ha.; contar con canales aledaños que faciliten el recurso hídrico y mita de agua, también tener accesibilidad desde la avenida Víctor Andrés Belaúnde, entre Tiabaya y los pueblos jóvenes, además de contar con terrenos con un 3 por ciento mínimo de materia orgánica y explotación orgánica.
COMPRA DIRIGIDA
Según Luis Eduardo Gonzales Valdivia, presidente de Andeta, en la solicitud de vacancia al alcalde se demuestra que ante estas características exigidas para la adquisición del terreno, en el distrito de Tiabaya sólo existe un terreno así y pertenece a la sociedad conyugal formada por Ángel Tenorio Postigo Oviedo y Lourdes Segunda Prado Benavente de Postigo.
“Se entiende entonces que dicho proceso estaba dirigido y como era de esperarse, la única postora que participó en el proceso de licitación pública fue la propietaria antes mencionada, porque simplemente cumplía todas las características postuladas”, explicaron.
Sin embargo, se supo que la primera propuesta no calificó ya que el inmueble ofrecido al municipio no estaba libre de cargas y gravámenes, por lo que declaran desierto el proceso de adquisición de terreno.
Posteriormente, la municipalidad de Tiabaya lleva a cabo un segundo proceso de selección de adjudicación de menor cuantía, pero, no se presenta ningún participante (el único terreno con esas características era de la familia Postigo).
Para la población del lugar aparentemente no existe falta en el proceso de adquisición; sin embargo, gran número de vecinos observaron que en esta alcaldía las gestiones municipales se realizan sin el debido control y que esta, la compra del terreno, no es algo que les haya llamado la atención, pues fue el común denominador de la municipalidad.
Según revelan documentos internos, 5 meses después del último proceso se convoca nuevamente a proceso de selección y las especificaciones del terreno no varían, pero sí el valor del terreno y se establece como precio referencial 1 millón 560 mil 629.17 nuevos soles (una diferencia de más de 350 mil nuevos soles), y, luego gana la convocatoria.
ZONA AGRÍCOLA
“En el distrito de Tiabaya el 70 por ciento del territorio es agrícola y está considerado dentro de la campiña de Arequipa, mas no está declarado como zona de expansión urbana, incluso ha sido declarada área intangible por la Municipalidad Provincial de Arequipa. Por esta razón se cuestiona que en tan corto tiempo el precio del terreno se haya incrementado en más de 300 mil nuevos soles, lo que fue considerado como ‘un grave atentado al patrimonio municipal’”, expresaron los socios de Andeta.
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