lunes, 24 de septiembre de 2012

La “contraloría general de la corrupción”, cuando las apariencias engañan


Christian Cuadros Treviño, alcalde de Vítor, ha logrado a través de su denuncia por extorsión, contra la abogada Helen Aizcorbe Gonzales, destapar la presunta red de corrupción política que se teje alrededor y dentro de la propia Contraloría General de la República. En esta enorme “tapadera” se ven envueltos muchos alcaldes de Arequipa, jefes de las Oficinas de Control Institucional y, por supuesto, altos funcionarios del máximo órgano de control y su cínica pantalla de anticorrupción.

Por Pilar Rivera Ramos

Una incansable lista de contactos telefónicos y documentarios será la fuente principal para conocer, con nombre y apellido, a todos los personajes políticos vinculados a operaciones ilícitas, entre los que se encuentran numerosos alcaldes y sus manifiestas ventajas para salir siempre limpios de toda intervención que ejerciera la Contraloría General de la República.

A raíz de la captura de la abogada Helen Aizcorbe Gonzales, quien fue detenida el lunes pasado tras haber cobrado presuntamente dos mil dólares producto de una extorsión al alcalde, se ha implicado a dos personas claves en este asunto. La primera, la funcionaria Dayana Díaz Cruz, actual secretaria de la Jefatura de Control Arequipa, quien ha sido separada temporalmente de sus funciones, con goce de haber.
Junto a ella figura el asesor legal, Elder Llerena Pancorbo. Ambos son considerados presuntos cómplices primario y secundario, respectivamente.

Pero estos tres nombres son apenas el inicio de la trama de corrupción, que posiblemente conduzca a la detención de otras personas más, siempre y cuando –como dice el propio alcalde de Vítor, Christian Cuadros-, “el Ministerio Público y Poder Judicial intervengan limpia e imparcialmente y recojan los fundamentos necesarios para abrir proceso penal a quienes infrinjan claramente la ley”.

LO QUE LA FISCALÍA DEBE TENER EN CUENTA
En setiembre de 2011, VISTAPREVIA informó el revelador caso de jefa de la OCI (Oficina de Control Institucional), de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Vilma Noemí Moscoso Zeballos, quien, mediante Resolución de Contraloría No.241-2011, tras 25 años de servicio fue “separada definitivamente del cargo de jefe del OCI”, por diferentes razones, entre ellas “un deficiente desempeño funcional”.

Vilma Moscoso Zeballos fue entrevistada por este medio y dijo en ese momento que desconocía el contenido de la resolución. En efecto, funcionarios de alto nivel de la Contraloría General de la República se encargaron de “correr” el documento oficial por todas las municipalidades, antes de informar oficialmente de este hecho a la persona implicada; es decir, a Vilma Moscoso. Finalmente la resolución le fue notificada 15 días después.

Esto no tendría nada de raro si no fuera porque Moscoso Zeballos, en su informe anual, encontró graves irregularidades en la gestión de Manuel Vera Paredes, alcalde de Cerro Colorado. Entre ellas el supuesto caso de peculado del subgerente de la Agencia Semi Rural Pachacútec, Víctor Paz Gómez, quien se habría cobrado los impuestos que pagaban los pobladores del lugar (predios y arbitrios).

El segundo tema del informe se refería a las supuestas irregularidades encontradas en la Policía Municipal de Cerro Colorado (cobros indebidos), además de observar la actuación funcional de la gerente de Presupuesto, Yovana Monge Coa.

En ese entonces, Moscoso Zeballos declaró “este fue mí error”, encontrar actos ilegales en la gestión del alcalde Manuel Enrique Vera Paredes y, luego, informarlas.

En ese momento la contadora procuró, por ética, no emitir mayores comentarios; sin embargo, quedó al descubierto y como precedente ante otros trabajadores de la OCI, que, a pesar de ser trabajadores de la Contraloría General de la República y percibir sueldo de la municipalidad, aparentemente, no podían ir en contra de los intereses de los alcaldes.

Hoy la mencionada funcionaria trabaja en el área de rentas de la comuna cerreña y prefiere no emitir comentario alguno por temor a las amenazas que fueron hechas sobre ella y su familia.
Se supo también que al igual que Vilma Moscoso, se separó a otro grupo de auditores (se retiró al jefe de OCI de la Beneficencia Pública de Arequipa); en tanto se mantuvo a jefes en Cayma y Mariano Melgar.

MODUS OPERANDI O MODUS TOLLENS
VISTAPREVIA conversó con diferentes funcionarios y trabajadores de las OCIs en Arequipa, cuyos nombres mantendremos en estricta reserva. Nuestro objetivo es ver cómo operaría supuestamente esta red de corrupción a nivel de las municipalidades. 

Para este grupo de personas, la denuncia del alcalde más joven del Perú, Christian Cuadros, solo destapa una trama delictiva, que se comete dentro y fuera de la Contraloría General de la República.

En primer lugar, dijeron, los jefes de las OCIs, instalados en las municipalidades distritales son la pantalla necesaria para hacer creer que existe un órgano encargado de controlar los bienes y recursos del Estado; pero que en su mayoría estos se someten a los manejos de malos alcaldes.

Refirieron que normalmente se suele contratar los servicios de “asesores legales”, como fueron en este caso los letrados, Helen Aizcorbe y Elder Llerena, quienes luego se encargarían de conversar directamente con el burgomaestre.

En efecto, dijo la fuente, una llamada telefónica de las oficinas de la Contraloría, alerta a determinada municipalidad que “en los próximos días llegará personal de esta institución a su municipalidad” y da como nexos de comunicación a otras personas, en este caso Aizcorbe y Llerena.

Según se supo, estos asesores tienen la función de “limpiar” la documentación que comprometa a la institución pública, para luego, cuando llegue el personal de la Contraloría no encuentre absolutamente nada.
Los primeros en conocer y monitorear esta tarea son los alcaldes y/o funcionarios de alto nivel en las instituciones del Estado, “quizá por eso suelen decir ¡que venga la Contraloría!, yo mismo he solicitado que evalúe mi gestión”, con lo que la prensa, tanto como la opinión pública, tienden a creer en su transparencia.

¿CONTRALOR EN AREQUIPA DEBERIA SOMETER SU CARGO?
Durante esta semana buscamos entrevistar infructuosamente al jefe regional de control Arequipa de la Contraloría General de la República, Milton Yoplac Arana, para conocer su punto de vista ante las acusaciones de corrupción e investigación judicial que afecta a una de sus trabajadores con más de 20 años de servicio en la Contraloría, la secretaria de Control, Dayana Díaz Cruz y saber el ¿por qué del retiro de tantos funcionarios de la Contraloría?

En tanto, un sector de la opinión pública utilizaba los medios de comunicación para pedir la destitución del jefe regional Yoplac Arana, y solicitar que se haga una investigación especial a través de una comisión que tendría que venir de Lima “si es que la Contraloría quiere levantar su imagen”, dijeron.

EL NEGADO ROMANCE YUPANQUI-AIZCORBE
Según datos recogidos en la Fiscalía, Diana Cruz (trabajadora de la Oficina Regional), y presunta cómplice, habría utilizado un teléfono de la Contraloría para llamar al burgomaestre de Vítor, indicándole que inspectores del ente contralor intervendrían a la comuna y para ello debería coordinar con Helen Aizcorbe. Esta le dijo al alcalde que ha pedido del vice contralor general de la República, Oswaldo Yupanqui, entregue 45 mil dólares para evitar la acción de control.

En comunicación telefónica con el vice contralor de la República, Oswaldo Yupanqui Alvarado, a VISTAPREVIA negó tener una relación sentimental con la acusada Helen Aizcorbe, dijo no conocerla y aseguró no tener vínculo alguno con ella.

Sin embargo, el entorno amical de Helen Aizcorbe, confirmó que sí ha existido una relación sentimental entre ambas personas, y que todos sabían de este romance. En tanto, otros aún más seguros de sus comentarios, indicaron que al igual de Yupanqui Alvarado, a Helen Aizcorbe, también se le vinculó sentimentalmente con el ex asesor del gobierno de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.

ALCALDES SE ESTREMECEN DE MIEDO
Entre las personas vinculadas a estas operaciones ilegales estarían los alcaldes de Cerro Colorado, cuya municipalidad fue mencionada por Elder Llerena Pancorbo, como el lugar donde efectuó su última asesoría, además de que Cerro Colorado lideraría la lista de contactos en la agenda personal de la cuestionada Helen Aizcorbe.

Junto a esta comuna figuran las municipalidades de Cayma, Mariano Melgar, Miraflores, Hunter y Socabaya. En esta última se dice que la abogada Aizcorbe habría puesto varios conocidos a trabajar; mientras que en Yanahuara ofreció sus servicios profesionales en el 2010.

PROCESO SANCIONADOR
Para el Decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Cáceres Arce, el destape de estos supuestos actos de corrupción corresponde a un tema de valores y formación familiar “que desde luego son rechazados en el ámbito del Colegio de Abogados”.

Sostuvo que entre sus primeras acciones se ha pedido a la fiscal, Silvia Pinto, que siga actuando de oficio y que de comprobarse actos de corrupción se procederá, de acuerdo al cuadro de ética, a solicitar proceso sancionador contra estas personas (Helen Aizcorbe y Elder Llerena). 

LOS HECHOS
Como sabemos el juez de investigación preparatoria, Jaime Moreno, concedió comparecencia restringida a los tres implicados en el presunto caso de extorsión en contra del alcalde de Vítor, Christian Cuadros Treviño, con el argumento de que tienen arraigo familiar y domiciliario, y porque el Ministerio Público no sustentó debidamente los cargos ya que los hechos no configurarían extorsión sino estafa o chantaje.

La fiscal a cargo, Silvia Rodríguez, relató que los hechos denunciados por el alcalde de Vítor, se iniciaron en julio pasado, con una serie de llamadas telefónicas y maniobras para presionar a la autoridad anunciando que la Contraloría entraría al municipio para “encontrar algo”, durante 107 días de intervención y a cargo de 9 auditores.

Para este efecto se presentaron como pruebas una serie de audios grabados de llamadas telefónicas sostenidas por el alcalde y los “presuntos extorsionadores” . Esto fue aprovechado por el abogado defensor de Aizcorbe, Gonzalo Bellido, quien dijo que estos audios no estaban transcritos, por lo cual, no se conocía su contenido y, por consiguiente se cambió el pedido de prisión preventiva por el de comparecencia. 

Semanario Vistaprevia Arequipa Nº 052